La última decisión

Una enfermera atiende a Vincent Lambert, un paciente francés en estado vegetativo que despertó el debate sobre la eutanasia en Francia. :: AFP/
Una enfermera atiende a Vincent Lambert, un paciente francés en estado vegetativo que despertó el debate sobre la eutanasia en Francia. :: AFP

2.420 riojanos han registrado su testamento vital, la hoja de ruta del tratamiento médico que quieren o no quieren recibir en la recta final de su vida

LUIS J. RUIZ

La muerte es -siempre lo ha sido- el gran tabú de la sociedad occidental. Lo es, paradójicamente, cuando sigue siendo nuestra única certeza. La suya, la mía, la del vecino del quinto, la de la tendera de la frutería y la del recién nacido que acaba de abandonar el vientre materno. Todos imaginamos cómo será nuestra boda, nuestro próximo cumpleaños, nuestras vacaciones, nuestra jubilación... Ideamos planes, trazamos estrategias, configuramos escenarios ideales para todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Para todos menos para uno: para morir.

Nadie, o casi nadie, piensa en el momento del adiós y quien lo hace se decanta, digamos, por una muerte dulce. Algo rápido, indoloro y, a ser posible, cuanto más tarde mejor. Meterse en la cama y despertar allá donde quiera que despierten quienes nos dejan. Esa sería, en el ideario colectivo, la mejor muerte posible. Pero la realidad es antagónica y el camino hacia la muerte es en demasiadas ocasiones un calvario de tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, sufrimiento e intentos de prolongar la existencia hasta dejar vacío de contenido el concepto compartido de dignidad.

Hay una solución. Con la eutanasia -tanto directa como en su versión de suicidio asistido- castigada con hasta 10 años de prisión por el Código Penal, la alternativa son las instrucciones previas, el testamento vital, un documento en el que el paciente -de manera libre y consciente- solicita que si llega a una situación irreversible o incurable no se prolongue artificialmente su vida, se suspendan los tratamientos iniciados y la intervención se limite a aliviar de dolor físico o sufrimiento psíquico. Incluso si ello acelerara la muerte, dice el modelo propuesto por la Consejería de Salud, si bien no es necesario ceñirse a un modelo preestablecido aunque sí al modo de otorgamiento (tres testigos, la encargada del registro o un notario).

Esa es la muerte digna que se garantiza en La Rioja desde el año 2006 y por la que han apostado, hasta el pasado 31 de marzo, las 2.420 personas que han inscrito sus documentos de instrucciones previas en el registro habilitado al efecto: la mayoría son mujeres (1.576 frente) y la edad media de los otorgantes es de 61 años.

¿Es suficiente ese testamento vital para asegurar una muerte digna en La Rioja? Las respuestas son múltiples. Concha Arruga (PP) considera que es positivo contar con «ese documento que permite al paciente establecer qué tratamientos quiere o no quiere recibir y hasta donde quiere llegar». La diputada regional considera que la región tiene «los instrumentos adecuados y suficientes para garantizar una muerte digna» que se completan, dice, con la red de cuidados paliativos.

Frente a esa opinión, la de los otros tres grupos del Parlamento regional. Nuria del Río (PSOE) apunta que «es necesario, pero para nada suficiente» y considera que ha llegado el momento de «formularse nuevas preguntas y desafíos entorno al proceso del final de la vida». Hace hincapié en la ausencia de un plan de cuidados paliativos: «La semana pasada registramos una proposición para instar al Gobierno regional a que, en tres meses, presente un plan de paliativos. Es fundamental y el paso previo para poder hablar de muerte digna».

Cuidados paliativos

Esa máxima la comparte en La Rioja la Marea Blanca y la Plataforma por la Sanidad Pública. El pasado 6 de marzo registraron en la Oficina de Atención al Ciudadano de La Rioja 68.500 firmas que solicitan la extensión de los paliativos a domicilio a los días festivos y fines de semana. La recogida la impulsó la familia de una persona que recibía atención en la unidad de paliativos a domicilio y que falleció en San Mateo «mientras no tenía cobertura por ser festivo». Las dos plataformas denuncian carencias en el horario de atención y exigen al Ejecutivo riojano que el servicio funcione las 24 horas del día los 365 días del año.

«En La Rioja se muere mal», sentencia Juan Calvo (Podemos), que cree que hay que «afrontar la cultura de la muerte de manera digna y desde la óptica de un derecho». «No hay información para el profesional sanitario ni para el ciudadano», lo que, entiende, hace que «sólo el 0,7% de los riojanos haya hecho un testamento vital».

Coincide Rebeca Grajea (Ciudadanos) en el avance que supuso el testamento vital, pero cree que «no es suficiente». Apunta que hay que «garantizar los derechos y la dignidad de las personas en el proceso final de su vida» por lo que C's «ha llevado al Congreso la primera proposición de ley que regula junto al derecho a ser informado, otros como el derecho al rechazo y a la retirada de una intervención, el ejercicio del derecho a la información asistencial».

Esa proposición es la ley de muerte digna que fue admitida a trámite el pasado 28 de marzo y que, a grandes trazos sigue el modelo por el que han apostado, hasta el momento, nueve comunidades autónomas: Andalucía (pionera en el 2010); Navarra y Aragón (2011); Galicia (2015) y Canarias (2015); País Vasco (2016) y Baleares (2016); Asturias (2017) y Madrid (2017). Todas vienen a prohibir el ensañamiento terapéutico, el derecho a rechazar un tratamiento y vienen a dar cobertura legal a la actuación de los profesionales.

Muerte digna y eutanasia

La Rioja carece, al menos de momento, de una norma de ese calado -«lo razonable es que la regulación sea nivel nacional», dice Arruga; «defendemos la igualdad de todos los españoles, también para morir. Por eso es necesario una ley básica, que amplíe los derechos de todos sin perjuicio de la complementariedad autonómica», agrega Grajea-. El PSOE tiene previsto «en las próximas semanas», registrar en el Parlamento regional una proposición de ley sobre los derechos y garantías de las personas en el proceso a morir. «Los derechos deben acompañar al ciudadano desde que nace y hasta que muere», argumenta Nuria del Río. «Hay que dar una respuesta jurídica global a la autonomía y a la voluntad de los pacientes y no vale con el testamento vital, que es algo muy personal de un paciente», explica la diputada socialista, que ve necesario que los pacientes y los profesionales médicos «cuenten con una salvaguarda jurídica» que, en su opinión, les garantizará la ley que impulsa su grupo.

Ir más allá en el debate de la muerte digna implica hablar de eutanasia que, desde la (presunta) neutralidad ideológica de la Real Academia de la Lengua es la «intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura; Muerte sin sufrimiento físico».

La ambigüedad invade en ese punto a PP, PSOE y Ciudadanos. «Apostamos por la vida [...] que nadie deba morir con dolor», dice Rebeca Grajea; «Son temas diferentes; la eutanasia está tipificada en el Código Penal», recuerda Arruga; «Somos partidarios de abrir el debate», dice Del Río. El más claro es Juan Calvo: «No nos da reparo hablar de suicidio médicamente asistido. Nosotros hablamos de eutanasia como una decisión del paciente, como un derecho pero sin obligar a nadie».

Unidos Podemos puso el debate sobre la mesa en el Congreso con una proposición no de ley para regular la eutanasia. Fue rechazada con 86 votos a favor (Unidos Podemos, ERC, PNV y el grupo mixto), 131 en contra (PP, Foro Asturias y UPN) y 122 abstenciones (PSOE, Ciudadanos, el Partido Demócrata Europeo Catalán y Nueva Canarias).

Pero la sociedad española lo tiene bastante más claro que los políticos. Lo dicen todas las encuestas que han abordado la espinosa cuestión. Uno de los últimos análisis, de ámbito europeo, lo elaboró IPsos Mori para The Economist (2015): España (78%) era el cuarto país con mayor apoyo social a la eutanasia. Solo en Bélgica, Holanda (países en los que ya está regulada) y Francia el respaldo era mayor. El CIS en 2009 y en 2011 y Isopublic en 2013 ratifican ese apoyo que un estudio de Metroscopia del pasado mes de febrero lo elevó hasta el 84 por ciento.

Pero ese es otro debate.

 

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