Borrar
El chalé. Exterior de la casa de Pedro Sanz en el término municipal de Villamediana. :: justo rodríguez
La caseta  de los líos

La caseta de los líos

La sombra de irregularidades en su finca de Villamediana persigue a Sanz desde el año 2006

Pío García

Jueves, 8 de diciembre 2016, 22:36

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Ejercer la política en Villamediana nunca fue un oficio para melindrosos. En verano del año 2006, cuando la burbuja inmobiliaria aún crecía oronda y promisoria, el concejal del PR, Andrés Baños, edil delegado de Urbanismo, decidió retirar su apoyo a la entonces alcaldesa, Sonia Ibarguren (PSOE). Con la temperatura -ambiental y política- rozando el punto de ebullición a orillas del Iregua, todos los protagonistas empezaron a echarse amargamente cosas en cara. El entonces secretario general del PP, Carlos Cuevas, apuntó que las cosas en Villamediana no estaban claras «desde el punto de vista urbanístico» y, tal y como publicó este periódico el 27 de julio, la diputada socialista Inmaculada Ortega contraatacó pidiendo una extraña aclaración: «En 1975, un familiar directo de Pedro Sanz solicitó una licencia urbanística para una caseta de aperos de 10 metros cuadrados; hoy es un chalé de 90 metros cuyo propietario es el presidente riojano». En aquella ocasión, al lado de Ortega, se sentaba Sonia Ibarguren, bajo cuyo mandato en Villamediana (2003 y 2007) no se había realizado investigación alguna sobre aquella caseta de aperos misteriosamente venida a más. Los socialistas se excusaron más tarde, aludiendo a que entre 1999 y 2007 no se había solicitado licencia alguna y que las posibles actuaciones ilegales anteriores a aquella fecha ya habían prescrito.

El asunto quedó en suspenso, como flotando en el aire, aunque cada cierto tiempo se colaba en la actividad parlamentaria y en los medios de comunicación, hasta que estalló a principios del año 2013. El 28 de enero, toda la oposición de Villamediana (PSOE, IU y UPyD) solicitaba por escrito al Ayuntamiento de la localidad, gobernado en coalición por PP y PR, una investigación exhaustiva sobre las obras realizadas en el chalé propiedad de Pedro Sanz. Según los demandantes, el todavía presidente de La Rioja había solicitado desde 1982 ocho licencias para actuar en una caseta de aperos ubicada en terreno no urbanizable; una caseta que, tras las intervenciones registradas entre los años 2008 y 2012, se había transformado en un chalé «con una superficie cercana a los 200 metros».

Sanz se defendió en el Parlamento, aunque en el calor del debate se le escapó una frase de incómoda lectura: «Hay más de 700 irregularidades en Villamediana, pero ustedes sólo hablan del presidente de esta comunidad». «Que no me favorezcan -clamó-, pero que tampoco me discriminen a mí y a los que están a mi alrededor». Aquel día, en el hemiciclo del Convento de la Merced, Sanz emplazó al Ayuntamiento de Villamediana a que el Plan General Municipal (PGM), cuya elaboración estaba atascada desde hacía seis años, sirviera para «regularizar» el escenario.

Sirvió. Unos meses más tarde, el 21 de mayo y tras un pleno tormentoso, el Ayuntamiento aprobaba por fin el PGM, que regulaba cinco «sectores dispersos» -áreas no urbanizables situadas en el extrarradio del municipio con diversas construcciones-. Entre ellas se encuentra el chalé de Pedro Sanz, que quedaba así legalizado. La aprobación no resultó pacífica: el edil del PR+, Antonio García Royo, votó a favor del documento y en contra de su partido, por lo que fue inmediatamente expulsado. El concejal de UPyD, David Herce, que sí había manifestado públicamente su apoyo al nuevo Plan, excusó su presencia en el pleno definitivo por «causas laborales». Gracias a esa oportuna ausencia, hoy se libra de la investigación del juzgado. El plan se remitió a la COTUR (Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo), donde recibió la aprobación definitiva el 7 de junio del 2013.

El asunto parecía cerrado, aunque aún coleaba la investigación que a principios de año había solicitado formalmente la oposición municipal sobre el chalé de Sanz. En noviembre, el Ayuntamiento, dirigido por Tomás Santolaya (PP), determinó que las obras del expresidente autónomico en su caseta de aperos suponían «una infracción leve», que no acarreaba castigo alguno porque los hechos ya habían prescrito. Santolaya puntualizaba que la resolución se había fundamentado «en informes técnicos municipales» y que se adoptó «conforme a los criterios y a la normativa urbanística».

En los tribunales

Si la vía administrativa parecía definitivamente agotada, la judicial le iba a deparar sorpresas desagradables a Pedro Sanz, que por el camino había dejado de ser presidente de la comunidad autónoma, aunque mantenía el poder en el PP regional y pasaba a ocupar la vicepresidencia primera del Senado. El juzgado de instrucción número 3 de Logroño examinó primero, a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, la posible ilegalidad de 20 parcelas de los sectores diseminados, entre las que aún no se encontraba la vivienda de Sanz. Tomás Santolaya -que había dimitido de su cargo el 30 de septiembre del 2015 para cumplir a regañadientes con el acuerdo con Ciudadanos- fue imputado en ese momento.

Pero aún quedaba la última y más dolorosa bofetada judicial. La magistrada Rosa Esperanza Sánchez decidió, en un auto fechado el 20 de octubre, ampliar la investigación a otras 69 parcelas, entre las que sí se encuentra la finca de Sanz. Y lo señala sin ambages, al sospechar que la súbita aprobación del PGM «podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular». La juez amplía la imputación a todos los concejales que votaron a favor del plan (al considerar que pudieron incurrir en un delito de prevaricación) y reclama datos nuevos para conocer si Sanz pudo cometer delito urbanístico al ampliar tan generosamente su casita de aperos en un terreno no urbanizable.

Pese a las elocuentes insinuaciones del auto, el expresidente asegura estar tranquilo e incluso vaticina que el caso se archivará. La magistrada que dictó el auto ya no está al frente del juzgado de instrucción número 3. Con independencia de su incierto recorrido en los tribunales, la resolución judicial ya ha tenido relevantes efectos políticos: Ciudadanos considera roto el pacto de gobierno con el PP y la oposición villametrense negocia en estos momentos una moción de censura para tumbar al alcalde, Rubén Gutiérrez, uno de los ediles investigados. Según publicó ayer este periódico, confían en lograrlo antes de que acabe el año.

Continuará.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios