El acuerdo puso fin a la 'guerra' entre Gobierno y Ayuntamiento y aupó a Revuelta como candidato

LOGROÑO. El 'acuerdo de las 10.000 viviendas' puso fin a la guerra política entre Ayuntamiento y Comunidad -entre Julio Revuelta y Aránzazu Vallejo- y permitió incluso que Revuelta fuera candidato del PP a las elecciones del 2007. El exalcalde pretendía inicialmente delimitar todo el suelo residencial de la capital de forma rápida y poner en el mercado suelo para 50.000 pisos, pero la Comunidad exigió una revisión profunda del Plan General Municipal (PGM), que Revuelta no aceptó presionado en pleno 'boom' inmobiliario.

El entonces alcalde demandó a la Comunidad y amenazó incluso con no presentarse a las elecciones como candidato del PP. Finalmente, en agosto del 2006, compareció junto con Pedro Sanz para anunciar el desbloqueo de suelo para 10.000 viviendas (los sectores más apetecibles de la ciudad), la firma de la 'paz' y su confirmación como cabeza de lista del PP para las elecciones del 2007.

La delimitación de los polémicos sectores tardó, sin embargo, dos años y medio más y se produjo ya con Tomás Santos (PSOE) como alcalde, cuando la burbuja inmobiliaria había estallado, es decir, sin posibilidades de desarrollo y con la pretensión de promotores y de los bancos prestamistas de 'maquillar' los balances elevando sobre el papel el valor de un suelo que, realmente, ya había dejado de tenerlo.

La falta de compensación

El recurso, promovido por los propietarios del sector industrial de Las Cañas, vino motivado por la negativa del Ayuntamiento a acometer desde el inicio la revisión del Plan General Municipal (mucha más lenta que las modificaciones puntuales): «En una revisión -explica Gerardo Losada- se compensan los aumentos de edificabilidad que tienen los sectores residenciales con todos los propietarios de suelo, incluidos los de zonas industriales, pero al utilizarse las modificaciones puntuales no se compensó y únicamente determinados propietarios salían beneficiados», explica Gerardo Losada, el abogado urbanístico logroñés autor del recurso. «Esto es muy sencillo: lo que hubo fue 'jamón' para unos pocos y 'tocino' para el resto».

De hecho, Las Cañas se urbanizó por imposición municipal a los propietarios en el año 2004 ante «necesidades sobrevenidas» de suelo industrial, aunque hoy continúa casi vacío. El abogado recuerda que la Comunidad había recomendado inicialmente la revisión del PGM y que incluso ganó un recurso en este sentido a la asociación de constructores y al propio Ayuntamiento: «Fue una flagrante contradicción y la pena es que la sentencia ha tardado mucho, ya que el TSJR no admitió nuestro recurso inicial al creernos no legitimados y hemos tenido que actuar siempre en casación ante el Supremo». «Podía haber sido gravísimo -continúa Losada- si los desarrollos residenciales llegan a estar avanzados».