Varapalo demoledor de la ONU a Maduro

En medio de la preocupación por la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público un informe 'preliminar' basado en 135 entrevistas realizadas a distancia, porque el Gobierno de Caracas le negó la entrada al país. Los enviados de la ONU hablaron con testigos -doctores, abogados, periodistas y paramédicos- y víctimas, que contaron que los antidisturbios disparaban sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones.

El resultado es demoledor. Denuncia el informe que las fuerzas de seguridad han incurrido en «el maltrato de forma sistemática y generalizado a manifestantes», que hubo 2.000 heridos y al menos 5.000 detenidos de manera arbitraria, de los que muchos sufrieron «torturas». Se dice igualmente que los agentes aplicaron «un patrón evidente» de uso excesivo de fuerza, de lo que responsabiliza a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios de policía local, pero también la extiende a los «colectivos», grupos de civiles que según la oposición son armados por el chavismo.

Según la ONU, de las 124 muertes documentadas derivadas de las protestas contra Maduro mantenidas desde abril, 73 son atribuibles a las fuerzas antidisturbios y a grupos afines. Los investigadores precisan que de ellas 46 son «responsabilidad única de los cuerpos de seguridad del Estado».

«Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas. Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar», denunció en un comunicado el comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. «La responsabilidad de las violaciones que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno», opinó.

Por su parte, la portavoz de la oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, precisó que «los grupos armados, denominados 'colectivos', serían responsables de otros 27 fallecimientos». En cambio, agregó que del resto de las muertes «aún no está claro quién las perpetró». Admitió la actuación violenta de algunos manifestantes pero destacó que «esto no justifica en forma alguna la represión generalizada y sistemática llevada a cabo por las fuerzas de seguridad». Además de los fallecidos, se han contabilizado 2.000 heridos.

Mientras, el oficialismo va a lo suyo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) prohibió a la oposición presentarse a las elecciones regionales en siete Estados. Las redes sociales estallaron porque la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que participará en esos comicios. La gente pregunta cómo van a competir en unos Estados y en otros no.

De todas formas, la papeleta de la oposición no es fácil. Si participa, se le puede acusar de hacer el juego a un Gobierno fallido. Si no lo hace, entrega en bandeja de plata el poder que tiene.

Pero las reglas del juego son complicadas. Ayer el Tribunal Supremo, el chavista, ordenó la captura del alcalde de Chacao, el opositor Ramón Muchacho. Este pertenece al grupo de regidores que según el TSJ no hizo nada por impedir las manifestaciones y las barricadas y ha sido condenado a quince meses de cárcel y además a la inhabilitación política.

El hartazgo llegó a la red de redes. Un grupo de hackers autodenominado 'The Binary Guardians' (Los guardianes binarios), atacó ayer unos 40 sitios web institucionales. «Nuestra lucha es digital. Tú trancas las calles y nosotros las redes», decía uno de sus mensajes. En otros, apoyaron las acciones de los hombres armados que el domingo atacaron la base de Valencia. Siete fueron detenidos pero se desconoce el paradero de la decena que logró escapar con fusiles y lanzagranadas y que continúan siendo buscados por las autoridades. «Esta dictadura tiene sus días contados», decía otro de los mensajes.