La oposición denuncia una maniobra de Maduro para controlar el Parlamento

MILAGROS L. DE GUEREÑO CORRESPONSAL

la habana. La polémica crece en Venezuela con acusaciones sobre la intención del presidente, Nicolás Maduro, de desmantelar poco a poco el Parlamento opositor para quedarse con su Asamblea sin alterar los ánimos de la comunidad internacional. Lo denuncian los detractores del oficialismo tras la detención del diputado Juan Requesens y la orden para arrestar a Julio Borges, quien dice estar «seguro» en Colombia, donde ya ha sido recibido por el Gabinete de Iván Duque.

La oposición asegura que los arrestos de los diputados por su supuesta vinculación con el atentado fallido contra Maduro son ilegales porque violan la inmunidad legislativa. El oficialismo sostiene que eso pasa en todos los países del mundo cuando alguno se porta mal.

El abogado constitucional, José Vicente Haro, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -elegida el año pasado solo con oficialistas- pretende desmantelar «poco a poco» a la opositora Asamblea Nacional (AN) al allanar la inmunidad parlamentaria de sus integrantes como ha hecho con Requesens, Borges y Freddy Guevara. Según Haro, «si se considerase que existe un caso de flagrancia, el diputado solo puede ser detenido y puesto en custodia en su residencia y debe notificarse a la AN, nada de esto ha ocurrido». Insistió en que un diputado «no puede ser juzgado por un tribunal ordinario ni recluido por la policía política del Estado bajo el argumento de que no posee inmunidad».

Congestión en las fronteras

Borges se libra de ese castigo por estar refugiado en Bogotá, desde donde desestimó la orden de arresto por «homicidio intencional calificado en grado de frustración». Negó la versión de Maduro sobre el complot: «No hubo atentado, es una bomba de humo para amenazar, reprimir». Borges aseguró que al Gobierno venezolano «lo único que le queda es la fuerza bruta y la represión. Está todo el día inventando conspiraciones, en este caso un atentado para tapar la realidad de la brutal crisis» del país.

El Ejecutivo de Ecuador, entretanto, declaró el estado de emergencia para atender a los venezolanos que en los últimos días congestionan sus fronteras terrestres desde Colombia. La medida fue adoptada por el Gobierno de Lenin Moreno en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, en el norte y sur del país, para atender «a los flujos migratorios inusuales» de ciudadanos procedentes del país bolivariano. En los últimos días han llegado a «4.200 ingresos diarios». Y en 2017 ascendieron a 288.005, cifra que este año puede verse superada a juzgar por las concentraciones que se presentan en las fronteras con Colombia.

 

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