La euforia de Macri no oculta el hambre en las calles

La experiencia de Silvana resume lo que está ocurriendo en Argentina por el aumento desproporcionado de tarifas, la brusca devaluación y su impacto en el índice de precios. La entrega gratuita de pan comenzaba a las diez y media de la mañana del miércoles pasado, pero hubo gente esperando desde las 5:30 horas de la mañana, la mayoría jubilados. Muchos llegados desde muy lejos.

Con la devaluación, los productores de trigo prefieren exportar en lugar de vender al mercado interno. Es por eso que la bolsa de 50 kilos de harina pasó de 270 pesos en enero a 800 en junio (de nueve euros a 27). A esto se suma el aumento de tarifas, que superó el 1.200% -con una inflación anual del 27%-. Muchos comercios de barrio están cerrando.

Los panaderos, como ya han hecho otros productores del sector alimenticio, fueron con su protesta al paseo público situado frente a la Casa Rosada y se encontraron con otro grupo damnificado por la subida de los precios: los consumidores. Los panaderos contaron que muchos de sus clientes ya no demandan la cantidad de pan que necesitan, sino la que pueden comprar. El kilo ronda los 80 pesos (2,7 euros) y el valor de la harina repercute en muchos otros alimentos básicos.

Sin ingresos propios circunstancialmente, Silvana, que tiene tres hijos, sobrevive con el aporte de su exmarido. Pero recibe de él 10.000 pesos (336 euros) y el 90% se le va en el alquiler y las tarifas. Caminó cuatro kilómetros para llegar a la Plaza de Mayo sin gastar en transporte público, que este mes volvió a subir. «¿Es justo vivir así?», se pregunta.

Las repercusiones que está teniendo el ajuste en la sociedad argentina contrastan con la euforia que intentó transmitir el gobierno de Mauricio Macri esta semana después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá al país acceder a un préstamo de 50.000 millones de dólares (42.500 millones de euros) a cambio de un mayor ajuste fiscal.

El programa de austeridad traerá un recorte del empleo público que ya ha comenzado, un freno en la obra pública y la eliminación más acelerada de los subsidios a las tarifas de transporte y los servicios básicos como la luz, el gas o el agua, que ya resultan impagables para numerosas familias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió esta semana con el gobierno para darle un ultimátum. Si no hay aumentos de salario acordes con la inflación y no se frenan los despidos habrá una huelga general, amenazan. En gremios disidentes, los plazos para un acuerdo ya vencieron. Camioneros, bancarios, empleados públicos, docentes y otras dos centrales sindicales críticas irán al paro general este jueves 14.

Los camioneros exigen un aumento salarial de 27%, cercano a la inflación proyectada para este año por los analistas más conservadores. Otros creen que el índice llegará al 30%. En su reunión con la CGT, el gobierno ofreció habilitar un aumento del 5 % -además del 15 ya permitido. «Se pueden meter en el culo lo que están ofreciendo», declaró Pablo Moyano, líder camionero.