Los 'esclavos' polacos de Trump

'The New York Times' logró entrevistar a uno de ellos en un asilo de New Jersey. Wojciech Kozak, de 75 años, habla a través de una traquetomía que le han realizado debido al cáncer respiratorio que padece. Trabajaba en la demolición de los venerados almacenes Bonwit Teller a los que sustituyó el rascacielos de Trump. Las condiciones eran «horribles», sin casco ni mascarilla. Durante doce o dieciséis horas diarias respiraban la nube de asbesto y otros materiales tóxicos que se desprendía de la demolición del edificio de doce plantas, arrancando cables, levantando suelos y desenterrando tuberías.

El contratista de Trump les pagaban cuatro o cinco dólares la hora, si es que cobraban. Los pocos trabajadores sindicados con los que se justificaba el expediente ganaban el doble, además de horas extras, y se mofaban de los polacos. «Éramos inmigrantes asustados, no conocíamos nuestros derechos. Ni siquiera sabíamos lo que era el asbesto». Llevaron su caso a unos abogados sindicales cuando dejaron de cobrar.

Kozak no puede demandar al presidente por el cáncer porque forma parte del pacto confidencial que firmó con este grupo de trabajadores en 1998. Para entonces los abogados de Trump habían enredado el caso en los tribunales durante 15 años. La mayor parte de los 1.375 millones de dólares (1.161 millones de euros) que pagó para cerrarlo se destinaron a costes legales y judiciales. Solo 422.000 euros fue a un fondo sindical para los trabajadores que, de haberse repartido solo entre los 200 polacos indocumentados, ni habría alcanzado 34.000 eurosa para cada uno.

Durante el juicio el magnate aseguró que cuando contrató a William Kaszycki, cuya empresa especializada en limpieza de ventanas trabajaba en un edificio adyacente, nunca había entrado en esa obra ni sabía que contrataba trabajadores indocumentados. Sin embargo, el capataz aseguró bajo juramento que no solo había entrado sino que alabó el trabajo que hacían.

Corría 1980. Donald J. Trump tenía 34 años. La Torre Trump era el segundo proyecto inmobiliario que emprendía por su cuenta, sin la empresa de su padre. Estaba a punto de cumplir los 50 cuando decidió acabar con el penoso proceso legal compensando a los trabajadores que quedaban.

La ironía es que el año pasado construyó su campaña electoral con ataques a los inmigrantes indocumentados y la promesa de devolver a los estadounidenses los empleos que se han ido al extranjero. Para su club privado de Palm Beach Mar-a-Lago los permisos del Ministerio de Trabajo demuestran que ha contratado al menos 500 extranjeros de lugares como Rumanía, con el argumento de que ninguno de los 300 estadounidenses que solicitaron esos puestos estaba cualificado.

Indignados por su hipocresía, los líderes demócratas del Congreso Chuck Schumer y Nacy Pelosi cancelaron ayer su asistencia a una reunión convocada en la Casa Blanca para negociar entre otras cosas acuerdos migratorios tras ver su último tuit: «El problema es que ellos quieren inundar el país con inmigrantes ilegales, dejar a nuestro país débil e indefenso ante el crimen y subir sustancialmente los impuestos. ¡No veo un trato!». Y trato no hubo.