Borrar
Dos transportistas descansan bajo un camión, a la espera de que los manifestantes retiren una barricada en Diriamba. :: marvin recinos / afp
El diálogo vuelve a Nicaragua sin Ortega

El diálogo vuelve a Nicaragua sin Ortega

La pareja presidencial no acudió a la reunión donde la oposición y los obispos exigieron abordar primero las violaciones de derechos humanos

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO

LA HABANA.

Sábado, 16 de junio 2018, 00:58

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Gobierno de Daniel Ortega, aunque sin la presencia del presidente, y diversos movimientos sociales de Nicaragua retomaron ayer el diálogo nacional con la mediación de la Conferencia Episcopal. El proceso marca el énfasis en el respeto a los derechos humanos y el fin de la violencia que se ha cobrado la vida de al menos 168 personas, de ellas cinco durante la jornada de huelga del jueves, de seguimiento masivo y en la que se pidió la renuncia inmediata del líder sandinista y de Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta.

La cita en el Seminario Nacional de Fátima comenzó con un retraso de media hora y una oración del obispo de Granada, Jorge Solórzano. Hasta allí llegaron todos los obispos nicaragüenses, los delegados de la Alianza Nacional por la Democracia y los estudiantes. Por el Gobierno dio la cara el ministro de Exteriores, Denis Moncada. Ni Ortega ni su mano derecha asistieron, tal vez para no tener que escuchar, como en la sesión anterior, a estudiantes como Lesther Alemán exigir la renuncia del mandatario al grito de «asesino».

La reanudación del diálogo fue posible una vez que el líder sandinista respondió a la carta que le entregaron los obispos para exigir la democratización del país. La presión se intensificó tras la fuerte represión de las protestas por la reforma de la Seguridad Social que comenzaron el 18 de abril.

LA PRESIÓN EXTERIORWashington estudia una lista para sancionar a 32 personas, entre ellas siete de los hijos del presidente

Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, propuso que se invite « a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea» a investigar la situación del país, y que ese asunto sea el primero que se aborde. Igualmente, pidió que se llegue a un acuerdo para «urgir» a la CIDH a que anuncie el grupo que investigará las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y uno de los prelados más activos a la hora de denunciar desde Twitter los ataques y los muertos que se han ido produciendo en estos dos meses de protestas, escribió minutos antes de comenzar la reunión: «Dialogar, sí, dialogar siempre, pero para posibilitar una nueva convivencia social en libertad y justicia, no para alcanzar un consenso de escritorio, una efímera paz para una minoría feliz, ni un proyecto de unos pocos para unos pocos» ('Gaudete et Exsultare', tercera exortación apostólica del Papa Francisco, del pasado 9 de abril). Báez, amenazado, y la misma Iglesia han sido criticados desde el oficialismo por su abierto apoyo a la oposición y por «incitar a la desobediencia civil».

Un calco de Somoza

Los representantes por la Alianza en la gran mesa rectangular exigieron al Gobierno el cese inmediato a la represión, justicia para las víctimas, el desarme de las turbas paramilitares y que se comience a definir una agenda de democratización. Consideran que Ortega, exguerrillero de 74 años que combatió para acabar con la dictadura de Anastasio Somoza, se ha convertido ahora en su calco, controlando medios, manipulando la justicia, amañando elecciones, colocando a hijos en puestos claves del aparato para perpetuar el orteguismo en el poder.

Mientras en Managua se intenta enfriar la crisis sociopolítica de los dos últimos meses que, según la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, ha dejado al menos 168 muertos y 2.100 heridos -entre ellos ocho policías fallecidos y 200 con lesiones-, en Estados Unidos un grupo de inmigrantes nicaragüenses con nacionalidad estadounidense presentó al Departamento del Tesoro una primera lista para sancionar a 32 personas vinculadas con el régimen de Daniel Ortega por corrupción y violaciones de los derechos humanos. El listado incluye a siete de los nueve hijos de Ortega y Rosario Murillo.

La Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional y otros organismos censuran la «estrategia letal de represión» contra los manifestantes en varias ciudades del país. Y mientras el diálogo echa de nuevo a andar, los tranques (cortes de carreteras) que están causando graves perjuicios a la economía continúan en buena parte del país para mantener la presión de la calle.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios