La detención de un parlamentario opositor abre la purga por el ataque contra Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra un cartel con la imagen de uno de los acusados del intento de atentado. :: efe/
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra un cartel con la imagen de uno de los acusados del intento de atentado. :: efe

El Gobierno venezolano acusa a 19 personas del supuesto complot y quiere desposeer de su fuero a los diputados que considera implicados

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO LA HABANA.

El Gobierno de Venezuela presentó ayer varios videos y un listado de 19 personas «directamente relacionadas» con el que considera complot para matar a Nicolás Maduro y toda la plana mayor del chavismo con drones cargados con explosivos el pasado sábado en Caracas. Entre los acusados figura el diputado opositor Juan Requesens, arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) o, según la oposición, «secuestrado», y cuatro personas -dos que se encuentran en Colombia y dos en Estados Unidos- cuya solicitud de extradición ya se está preparando. El pago por el «intento de magnicidio» ascendería a 50 millones de dólares (43 millones de euros) y la «estadía (acogida) en EE UU».

En la capital venezolana, la opositora Asamblea Nacional calificó de «arbitraria» la detención del legislador Requesens y su hermana y líder estudiantil Rafaela, ésta ya en libertad. «Dada (la) falta de credibilidad de la dictadura #Venezuela y el uso de la tortura para incriminar, urge nombrar (una) comisión (de) expertos internacionales para investigar (las) circunstancias del atentado a Maduro. Es tan improcedente arrojar al régimen por la fuerza como que el régimen use la fuerza para quedarse», dijo desde Washington el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La víspera, el mandatario chavista ya aseguró que los autores del atentado fueron entrenados en Colombia y acusó directamente al ex presidente del Parlamento y dirigente de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, y a Requesens, quien dijo que es «de los más locos». De Borges, el sucesor de Hugo Chávez dijo que «vive en una mansión en Bogotá amparado por el Gobierno saliente de Colombia». Las autoridades colombianas rechazaron cualquier vinculación con los sucesos del sábado.

Entre los 19 supuestos autores cuyos nombres confirmó ayer el fiscal general, Tarek William Saab, está el coronel retirado Oswaldo Valentín García, a quien Maduro llamó «el jefe de los asesinos» y que «está tratando de captar a militares para involucrarlos en sus aventuras criminales (...). Trabaja directamente con el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos».

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anticipó que la Cámara debatiría la retirada del fuero parlamentario «a diputados implicados en el magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Maduro (...). Viene la justicia y viene con todo». El veredicto contra los opositores está cantado, pues todos son constituyentes oficialistas.

«Quitar el foco»

El antichavista Frente Amplio advirtió en un comunicado de que el Gobierno intenta aprovechar el suceso para «quitar el foco (...) sobre la crisis social y económica, criminalizar a quienes legítima y democráticamente se le oponen, profundizar la represión y la violación sistemática del Estado de Derecho».

Maduro y Saab acompañaron sus comparecencias con videos que reproducen imágenes de los medios en los que aparecen drones volando, y explotando, el humo y la estampida de militares, a las que acompaña una voz en 'off' que afirma: «Se les ofreció pagarles 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos». En otro momento se dice que los autores materiales fueron entrenados en Colombia «en una granja llamada Atalanta, municipio Chinácota, departamento Norte de Santander, en Cúcuta, desde abril hasta finales del mes de junio de 2018».

Y desde el exilio, el ex policía municipal Salvatore Lucchese, que pasó 10 meses preso por negarse a detener las protestas contra Maduro, se atribuyó ayer la autoría del atentado junto con militantes antichavistas y «la resistencia», una agrupación imprecisa de dirigentes estudiantiles, ex mandos militares y activistas callejeros. Agregó que no pudieron lograr su objetivo y que «la lucha armada continuará». Y sentenció a Reuters: «Ningún dictador sale por una vía pacífica».

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