La comunidad internacional exige explicaciones a Maduro

Organismos de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo cuestionan las explicaciones sobre la muerte del concejal opositor Fernando Albán

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO LA HABANA.

Venezuela se ha vuelto a colocar en el punto de mira internacional por la extraña muerte del concejal opositor Fernando Albán mientras se encontraba detenido, para la que la opinión pública mundial reclama explicaciones. El Gobierno mantiene que fue un suicidio y la oposición antichavista denuncia un asesinato y califica de «inverosímil» que el político de Primero Justicia (PJ) se quitara la vida. Por ello, organismos y partidos políticos nacionales culpan en última instancia al propio presidente, Nicolás Maduro, mientras que la comunidad internacional en bloque -Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros- reclaman una investigación exhaustiva.

También el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, convocó ayer al embajador de Caracas en Madrid, Mario Isea, para expresarle «personalmente la profunda preocupación» del Gobierno español por el extraño fallecimiento de Albán.

Las sospechas se acentúan a medida que avanzan las horas, más cuando las propias versiones oficiales varían. Desde el Gobierno se asegura por una parte que el concejal, que había sido detenido el pasado viernes en el aeropuerto por su presunta implicación en el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro, saltó por la ventana del décimo piso del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) después de haber pedido permiso para ir al baño. Otras fuentes del régimen bolivariano indican que cuando se lanzó al vacío se encontraba en la sala de espera para ser trasladado al tribunal.

Joel García, abogado del fallecido rechaza las dos. Ayer precisó que «Albán nos dijo el domingo que lo tenían en el piso 10 y por testimonios de presos políticos sé que ahí se practican torturas, tratos crueles y pasan muchas cosas que tarde o temprano se van a saber». Además, descartó la idea del suicidio porque las ventanas del Sebin «siempre están cerradas» y «el baño carece de ellas, por lo que no hay posibilidad alguna de que se haya lanzado». Tampoco cree la versión oficial la secretaria de Albán. «Él no lo hizo, no se mató. A él lo mataron», afirmó anegada en llanto. El PJ, al que pertenecía la víctima, calificó asimismo el hecho de «asesinato», al igual que diversas organizaciones de derechos humanos que responsabilizaron directamente a Gustavo González López, director del Sebin.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará, por su cuenta, la muerte en el marco del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los presuntos abusos y violaciones cometidos la nación petrolera, según confirmó la portavoz Ravina Sahmadasani. Agregó que han pedido «acceso al país para hacer un informe profundo y mirar a todos los lados». «Hay mucha especulación sobre lo que pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado... Por ello necesitamos una investigación independiente y transparente», añadió.

Velar por la seguridad

Además, Shamadasani destacó que «Albán estaba bajo la custodia del Estado y por lo tanto el Estado tenía la responsabilidad de velar por su seguridad, integridad personal y dignidad». Igualmente, subrayó que en la oficina del Alto Comisionado están «preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas, tal y como establece la ley venezolana».

Los restos de Albán se trasladaron ayer desde la morgue de Bello Montea la opositora Asamblea Nacional, donde fueron velados hasta su inhumación, prevista para hoy. El féretro cubierto por la bandera de Venezuela fue portado por diputados mientras se entonaba el himno nacional. Sus compañeros concejales en el municipio Libertador de Caracas realizaron la primera guardia de honor.

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