Las amenazas obligan a proteger al obispo de Managua

En un comunicado, la CIDH dijo tener «información que indica que Báez y sus familiares estarían en una lista de personas a 'eliminar' y sospechosos vigilarían constantemente el domicilio de familiares». La medida cautelar implica que ha informado al Gobierno de la situación y, además, le pide que «adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal del beneficiario y sus familiares».

La decisión de la CIDH llega en medio del desasosiego causado por las protestas que desde el 18 de abril han dejado un saldo de 76 muertos según dicho organismo, 83 según Amnistía Internacional (AI) y 85 de acuerdo con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz nicaragüense. Los heridos ascienden a centenares. La mayoría de las víctimas son jóvenes, entre ellos Kevin Coffin Reyes, quien con 20 años ganó una medalla de oro en los juegos centroamericanos de Managua en 2017.

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense ganador del Premio Cervantes del 2017, describía a Coffin Reyes en una columna para un medio chileno que tituló 'Los nietos de la revolución'. «Todo ardor juvenil llena las palabras de sentido y les da una dimensión que las vuelve verdaderas», recoge, al advertir que «hay décadas donde nada ocurre, y hay semanas donde ocurren décadas».

Es justamente lo que está pasando en Nicaragua, que hasta abril se consideraba segura y tranquila, donde no pasaba nada. El Gobierno de Ortega defiende ahora que está siendo víctima de un plan desestabilizador al estilo del aplicado por EE UU y la derecha internacional en Venezuela. Lo que empezó con un estallido de descontento por un aumento de las aportaciones a la Seguridad Social y el recorte de las pensiones ha derivado en un movimiento para sacar del Gobierno a la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo.

El presidente del Poder Electoral renunció ayer en medio de la crisis sociopolítica. Ortega, por el contrario, se ha negado a presentar su renuncia, principal reclamo de los manifestantes. No obstante, ha llegado a un acuerdo con la OEA para reformar el sistema electoral de Nicaragua con el objetivo de celebrar comicios anticipados. La CIDH alertó ayer también sobre una «nueva etapa de represión» en Nicaragua con ataques a manifestantes desarmados, como ocurrió el miércoles en la marcha de las madres que han perdido hijos en las protestas y que derivó en masacre. El organismo reiteró su llamamiento «urgente» al Gobierno para que desmantele las fuerzas parapoliciales. La canciller del ejecutivo, Denis Moncada, culpó de la violencia a la oposición y negó la existencia de grupos paramilitares.

Los médicos informaron a los obispos de que han observado que la mayor parte de las heridas mortales responden al fusil de guerra tipo Dragunov. «Es utilizado con la mira telescópica para casos especiales que requieran de francotiradores», dijo el mayor en retiro Roberto Samcam.

Por el día una calma fantasmagórica se impone en algunas ciudades. La protección de la noche ayuda a que se mantengan algunos saqueos. Y las organizaciones involucradas en el diálogo insisten que solo lo harán «con garantías» y sin represión.