La misma «inviolabilidad» que cualquier edificio público

A. C.

En las misas se suele escuchar la palabra eternidad. La novedad en la iglesia Bethel de La Haya (Holanda) es que está convirtiendo en eterno el propio oficio religioso. El pasado lunes se cumplió el primer mes de eucaristía ininterrumpida en esta parroquia, que libra un pulso de resistencia contra el Gobierno de los Países Bajos y su endurecida política migratoria. Pero las leyes civiles tienen un resquicio de sombra: sus funcionarios no pueden irrumpir en los lugares de culto durante los oficios religiosos.

Sobre los Tamrazyan, una familia de armenios (matrimonio y tres niños) pesa una orden de expulsión del país. Llegaron hace nueve años después de que el activismo político del padre, Sasun, acabara en amenazas de muerte. El permiso de asilo que les concedió un juez fue anulado por el Gobierno, que ha firmado una orden de deportación contra el varón, su mujer, Anousche, y sus tres hijos: Hayarpi, Warduhi y Seyran. Los Tamrazyan se agarraron al llamado 'perdón infantil', una norma que permite quedarse a los refugiados con hijos menores que lleven más de cinco años en el país. La familia acumula casi el doble de ese tiempo, pero, aun así, les rechazaron su último recurso.

Desesperados, estos armenios dejaron su asilo para refugiados en el municipio de Katwijk y empezaron a llamar a las puertas de las capillas. El 25 de octubre, la iglesia Bethel respondió a su petición de auxilio. Además de darles alojamiento, desde el 26 de octubre iniciaron una misa que aún no se ha detenido. Va ya por su quinta semana. Religiosos llegados de todo el país se turnan día y noche para que las leyes de los hombres sigan fuera de la casa del Señor. «Sabíamos que sería un oficio religioso a largo plazo, que podríamos sentarnos aquí durante semanas, si no meses», admite ante la prensa holandesa el presidente del Consejo General de los ministros protestantes, Theo Hettema.

La familia alterna su tiempo entre la capilla y las estancias de la parte superior del templo. No pueden pisar la calle, para evitar ser detenidos. Su situación recuerda a la de Julian Assange, fundador de Wikileaks, refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Estados Unidos. Anousche, que hace las veces de portavoz de los Tamrazyan, se declara optimista y dice que se sienten reconfortados por el apoyo que les prestan los religiosos. «Es imposible expresar lo especial que se siente cuando tanta gente te ayuda».

No le falta razón. En la web de Bethel hay un enlace de contacto para la «celebración continua en la casa del barrio y la iglesia». En ella se pregunta: «¿Quieres ayudar a pasar por el servicio de la iglesia y el refugio?». Más de 300 pastores se han ofrecido como voluntarios para mantener viva la llama eucarística y, de paso, la esperanza de los Tamrazyan. Entre ellos, el predicador emérito Harm Klein Ikkink (72 años), que insiste en que «no son delincuentes, son personas que viven entre nosotros». También cientos de vecinos se dejan ver por la zona o entran en el templo dando claras muestras de apoyo, además de colaborar con donativos, ropa y comida.

En sus documentos de apoyo, la Iglesia Protestante de La Haya deja claro que no intenta meterse en política ni desafiar al Estado. «Nadie puede pedirnos que cerremos los ojos ante el sufrimiento que afecta a estos niños. Confiamos en que, en última instancia, nuestros políticos quieran una solución humana». El cabeza de los protestantes, Theo Hettema, razona que «ninguna iglesia debe tener que elegir entre el respeto por la dignidad humana y el respeto por el Gobierno».

En la Bethel insisten en que «hacemos esto para animar a esta familia, mostrar que estamos allí como Iglesia, que hay un Dios que no deja que nadie se caiga». Pero son realistas: «No nos hacemos ilusiones. Puede terminar con las furgonetas del Servicio de Repatriación y Salidas ahí fuera, o puede terminar porque ya no podamos continuar con el servicio. Pero eso no es motivo para no hacerlo». La bola de nieve del frente contra las endurecidas leyes antiinmigración no deja de crecer. Los tres niños armenios han puesto rostro a los 400 menores extranjeros a los que también se ha negado el 'perdón infantil'. La recogida de firmas exigiendo al Gobierno de La Haya que otorgue más residencias (rechaza más del 90%) y cumpla esta ley de gracia supera ya el cuarto de millón.

Al amparo de las iglesias

No es la primera vez que se produce un encierro eclesiástico en Holanda. La iglesia menonita de Rottevalle mantuvo protegida a una familia entre 1992 y 1994. En aquella ocasión no hubo misas permanentes. Pero siempre había alguien presente en el templo y estaba preparado un sermón para cuando la Policía invadiera el lugar. Al final, las autoridades permitieron que la familia se quedara en el país.

La casuística, llena de experiencias dramáticas en la frontera de Estados Unidos, llevó a las iglesias de la raya con México a desarrollar desde principios de los ochenta el 'movimiento santuario'. La Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson (Arizona) fue la primera en recoger a inmigrantes de Guatemala y El Salvador que huían de las guerras civiles de sus países. La vuelta de tuerca del presidente Trump ha reactivado este compromiso eclesial. Hay docenas de acogidas similares. Y les ha puesto rostro Jeanaette Vizguerra, una mexicana que lleva veinte años en EE UU y recibió una orden de deportación. En febrero de 2017 se refugió en la capilla de la First Unitarian Society de Denver (Colorado) y permaneció allí 86 días, hasta que le llegó una suspensión de su caso, que se revisará en 2019. Jeanette lidera hoy la lucha de los once millones de residentes irregulares en el país y fue elegida por la revista 'Time' como una de las cien personalidades más influyentes del mundo en 2017.

¿Puede entrar la Policía en una iglesia en España a detener a alguien? La ley no es rotunda y hay escasa jurisprudencia. El viejo Concordato con la Santa Sede de 1953 establecía que, «salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza pública no podrá entrar en los citados edificios sin el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica». El actual acuerdo de 1979 derogó ese artículo y solo garantizó la «inviolabilidad con arreglo a las leyes».

En la práctica, eso significa que una iglesia debe ser tratada como un edificio público o una vivienda privada más. «Si una autoridad oficial reclama entrar debe comunicarlo al obispo correspondiente por deferencia», resume el vicario judicial de la Archidiócesis de Valladolid, José Andrés Cabrerizo. El profesor de Derecho Eclesiástico de la UNED Daniel Pelayo interpreta que esas intervenciones públicas solo se justificarían «por razones de seguridad y con resolución judicial o por peligro inminente». El experto admite la «complejidad y sensibilidad» de los asuntos religiosos, pero duda de que en España pudiera darse un caso como el holandés.

El artículo 523 del Código Penal persigue a quien «con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho (modo comisivo violento, abierto) impidiere, interrumpiere o perturbare» la celebración de un oficio religioso. Es lo que llevó al banquillo a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que irrumpió en una capilla de la Complutense en plena misa tras una protesta estudiantil.

 

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