Un Tribunal Supremo dividido aplaza a hoy la decisión sobre el impuesto hipotecario

Grupos de personas se concentraron ayer ante la sede del Supremo, donde se debatía sobre el impuesto hipotecario. :: r. jiménez / efe
/
Grupos de personas se concentraron ayer ante la sede del Supremo, donde se debatía sobre el impuesto hipotecario. :: r. jiménez / efe

Solo un tercio de los 28 magistrados se han pronunciado sobre los recursos que resolverán si la banca paga al final el controvertido tributo

MATEO BALÍN MADRID.

El Tribunal Supremo ha aplazado, al menos hasta hoy, la solución de la crisis institucional generada tras la sentencia sobre el pago del principal impuesto que grava las hipotecas y la posterior decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, de abocar la nueva doctrina al escrutinio del Pleno, formado ayer por 28 magistrados -otros tres se ausentaron por diferentes motivos-. La primera jornada de debates se alargó ocho horas debido al propio formato del encuentro.

El primer motivo es que los ponentes de los recursos pendientes, los magistrados de la Sección Segunda Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchís, han tenido que explicar su postura favorable al cambio de criterio sobre quién tiene que abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de la hipoteca. Ambos forman parte de la Sección Segunda de lo Contencioso, especializada en tributos y suscribieron la sentencia del pasado 18 de octubre que supuso un giro radical» a la doctrina aplicada hasta la fecha: que fueran los clientes y no los bancos quienes paguen.

Su postura, por lo tanto, estaba clara de antemano y atribuía a las entidades financiera esa carga. En segundo lugar, la decisión de aplazar hasta hoy la continuación del debate se debió a que todos los presentes, tras escuchar la defensa jurídica de sus compañeros, dieron una primera impresión. No obstante, solo un tercio entraron de lleno sobre la estimación o no de los tres recursos pendientes de resolver.

Pero estos últimos magistrados, según fuentes jurídicas, no mostraron una postura unitaria. Hubo opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial de hace tres semanas, que atribuyó a los bancos el pago del impuesto. Antes, todos se habían explayado sobre la intervención del presidente Díez-Picazo para llevar a Pleno los tres recursos citados.

Aquí sí hubo una postura mayoritaria en favor del presidente, según las mismas fuentes. Al fin y al cabo, la denominada sala especial del artículo 61 del Supremo -de la que forman parte magistrados de las cinco jurisdicciones del alto tribunal- respaldó de forma rotunda la misma postura el pasado miércoles, justo al rechazar la querella presentada por Podemos contra él.

Así las cosas, la sentencia firme del pasado 18 de octubre, que por cinco votos a uno atribuyó a la banca la carga del impuesto ha sobrevolado el debate jurídico, pero sin entrar todavía todos los magistrados en el fondo: si al final acaba pagando la banca y desde cuándo, es decir, la retroactividad de la medida.

En aquel pleito se llevó el gato al agua el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid frente a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de la Comunidad de Madrid, que le exigía el pago del tributo por la inscripción de alrededor de 4.000 hipotecas. El mismo criterio judicial fue seguido en dos sentencias posteriores con las mismas partes en liza. Las resoluciones anulaban un artículo del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1995, en concreto el 68, que precisa que en las escrituras de hipotecas el tributo debe abonarlo quien solicita el préstamo, es decir, el cliente.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ya había avalado en 2005 de forma implícita ese artículo 68 en dos autos ante las dudas sobre su legalidad presentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y la Sala de lo Civil del Supremo resolvió en el mismo sentido en febrero pasado. Sin embargo, sus compañeros de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo cambiaron el paso y decidieron en septiembre seguir adelante con el recurso del Ayuntamiento de Rivas, al entender que es a ellos a quienes corresponde fijar la doctrina.

Lo que vino luego ya es sabido. Dicho tribunal estableció en la sentencia que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto. Un día después el presidente de la Sala paralizaba los tres próximos recursos pendientes, dada la «enorme repercusión económica y social».

POSIBLES ESCENARIOS

2.300 millones de euros sería el coste mínimo para la banca si al final debe cargar con el principal gravamen de las hipotecas, según la agencia de rating Moody's. Para ello calcula un escenario donde se limitaría el plazo de prescripción de las devoluciones a cuatro años, como en cualquier impuesto.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos