Tres años de sequía en reformas

El calendario político ha bloqueado cualquier cambio legislativo de calado, como los que aconsejan la UE, el FMI y la OCDE para crecer

J. M. CAMARERO MADRID.

El Estado se juega ya una multa de 90 millones de euros -a razón de casi 106.000 euros diarios- por el retraso en la transposición de la legislación en materia hipotecaria a través de una Ley de Crédito Inmobiliario que sigue enfangada en los trámites parlamentarios del Congreso. Ahora se cumple un año desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tramitara la denuncia de la Comisión contra España por demorarse en aprobar una reforma que tiene un retraso de dos años. Es uno de los ejemplos que muestran la falta de iniciativa política a la hora de promover iniciativas legislativas tanto para adaptar la normativa europea, de obligado cumplimiento, como para plantear cambios aconsejados por organismos de Bruselas, el FMI o la OCDE en materia laboral, fiscal y hasta empresarial.

El freno económico que se cierne sobre España también es consecuencia del parón legislativo acumulado prácticamente desde las elecciones generales de diciembre de 2015. En los meses posteriores medió una nueva cita en las urnas en junio de 2016 y una elección del Gobierno que no llegó hasta finales de ese ejercicio. Esto es, casi un año sin actividad parlamentaria real. Después, con Mariano Rajoy en el poder, la heterogeneidad de las Cortes tampoco permitió llevar a cabo grandes iniciativas adelante en el campo de las reformas. Y ahora, con la actual configuración de diputados y senadores, no parece que las perspectivas de cambios legislativos vayan a mejorar.

Javier Díaz Giménez, del IESE, cree que «no va a haber ningún impulso estructural a la economía para fomentar el crecimiento». Sostiene que «no lo dio Rajoy, que se dedicó a ver qué pasaba, ni lo va a dar Sánchez» en las actuales circunstancias. De hecho, recuerda que ahora «se está poniendo en duda la reforma laboral, que es uno de los pocos ámbitos en los que España tiene soberanía propia».

Multipartidismo complejo

El mercado cuenta ya con tres riesgos que tiene la economía española a medio plazo: la falta de Presupuestos, si finalmente no se aprueban con el apoyo de Podemos, PDCAT y PNV, entre otros grupos; la situación que atraviesa Cataluña; y la posibilidad perenne de que haya otro adelanto electoral.

En el campo de las reformas impositivas, Carlos Martínez (IMF) mantiene la tesis de que es necesario bajar los impuestos «para que la población tenga más renta disponible» y así fomentar el consumo. Este experto ve necesario «primear sectores tecnológicos, que son los que más empleo a largo plazo» con capaces de crear.

Lo que también rechazan de plano otros analistas es la posibilidad de elevar la carga impositiva. «Los impuestos se suben cuando hay un estado de optimismo, pero no en una etapa de pesimismo, como la que se avecina», explica Antonio Pedraza. «Lo que no se puede hacer es subir impuestos para aumentar gastos», indica, porque el efecto que se logra es el del incremento de la deuda pública, que ya se encuentra en el 100% del PIB. Será este viernes cuando la agencia S&P actualice su 'rating' sobre España con las nuevas perspectivas económicas.

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