«Somos asalariados no reconocidos», defienden los 'riders' de Deliveroo

«Somos asalariados no reconocidos», defienden los 'riders' de Deliveroo

La empresa insiste durante el juicio que sus repartidores son falsos autónomos y declara que algunos facturan hasta 100.000 euros

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

«Somos falsos autónomos», repetían una y otra vez los 'riders' que ayer acudieron a la celebración de un juicio que muchos calificaron de «histórico». Y no les falta razón puesto que la sentencia afectará directamente al modelo de relaciones laborales impuesto por las plataformas de la economía colaborativa en su conjunto, lo que puede tener una gran repercusión en un modelo de trabajo que está en plena transformación.

Es la vista que ayer tuvo lugar en el juzgado de lo Social número 29 de Madrid y que enfrenta de forma directa a la Administración contra Deliveroo a raíz de una denuncia interpuesta por la Inspección de Trabajo. Por eso, por tratarse de una demanda de la propia Tesorería que no afecta a un trabajador en concreto sino al medio millar que prestan sus servicios en la capital tiene mayor repercusión que otros que también se han celebrado contra la compañía británica, en su mayor parte con resultados adversos para ella.

Lo que tiene que dirimir ahora el juez es si los más de 500 repartidores que operan en Madrid son autónomos que prestan sus servicios a una empresa, en este caso Deliveroo, o deberían ser asalariados, lo que supondría la modificación de las relaciones laborales de unos 4.000 trabajadores de Deliveroo, además de empleados de otras plataformas, como Glovo, que aúna a 8.000 trabajadores en España.

«Somos falsos autónomos porque no existe esa libertad ni esa flexibilidad», aseguró el miembro de la asociación Riders x Derechos Martino Corregiari. Su compañero Felipe Díaz lo corrobora: «La flexibilidad de la que hablan es un discurso para que no paguen la seguridad social, en la práctica somos asalariados no reconocidos».

No se trata de un tema baladí pues solo en este juicio están en juego en torno a 1,2 millones de euros, la cantidad que la Tesorería estima que Deliveroo, que se vería obligada a darles de alta en la seguridad social, debería pagar en concepto de las cotizaciones no abonadas a ese medio millar de trabajadores.

«Esperamos que la sentencia reconozca a estos trabajadores por cuenta ajena y empecemos a derribar ese muro de precariedad, trabajo indigno y salarios de mierda que tenemos en la actualidad», afirmó en declaraciones previas al inicio del juicio el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. El sindicato anunció además que la Delegación del Gobierno de Madrid ha iniciado un procedimiento contra Deliveroo tras constatar que siete inmigrantes irregulares entregaban pedidos, supuestamente gracias a la cesión de una cuenta por parte de otros repartidores que sí estaban dados de alta, unos casos que recuerdan al del trabajador de Glovo fallecido el pasado sábado en Barcelona.

Enrique Lillo, abogado de CC OO en la causa, manifestó a este periódico que «está claro que digan lo que digan, aquí hay una relación laboral». Sus argumentos: Deliveroo utiliza un instrumental, que es la aplicación informática;es además quien cobra los servicios –no el repartidor–, organiza el trabajo y desarrolla la ejecución de los pedidos. «El 'rider' puede tener flexibilidad inicial, pero una vez puesto en marcha tiene que seguir las condiciones que le marca la empresa, que además vigila incluso por geolocalización», apuntó.

Deliveroo lo niega. «Los repartidores son autónomos porque ellos lo quieren, así tienen el control y pueden elegir cuánto trabajan, dónde, cómo y con quién lo hacen», argumentó la directora de Comunicación de la compañía, Carolina Pérez, que hizo hincapié en que si el juez ordena su reclasificación como empleados «perderían estos beneficios». Y para corroborarlo, presentaron como testigos a un grupo de riders que manifiesta que quieren seguir siendo autónomos.

Pero van incluso más allá. La compañía británica negó que sus repartidores sufran condiciones precarias y aseguró que algunos de ellos, en torno a unos 40, facturan hasta 100.000 euros, si suman también los ingresos que obtienen de Glovo. «Hay un elevado número de 'riders' con notable éxito económico», defendió el abogado de Deliveroo, Román Gil, durante su intervención en el juicio. Y enumeró algunos ejemplos: uno de estos repartidores facturó 56.000 euros a una empresa y 45.000 a otra; otro cobró 50.000 y 34.000 euros, respectivamente; y un tercero registró ingresos por 66.000 y 11.000 euros procedentes de estas plataformas, aunque bien es cierto que no precisó el periodo abarcado.