El Supremo respalda los límites principales a Uber y Cabify frente al taxi

Ve «proporcionado» un ratio tope de permisos para los VTC y que deban hacer al menos el 80% de los servicios en su comunidad autónoma

J. A. BRAVO

madrid. El Tribunal Supremo puede haber puesto el puente que se esperaba para propiciar un acuerdo entre el taxi y las grandes plataformas digitales como Uber y Cabify que auspician el alquiler de vehículos con conductor (VTC). Y es que si bien ha respaldado los límites principales a la expansión de las multinacionales citadas en España, además de otros empresarios y fondos de inversión que han venido entrando en este negocio, también ha acabado con la obligación de disponer de una flota mínima de vehículos.

No obstante, la clave que puede acercar las posturas es que Uber y Cabify ya controlan buena parte de las licencias -sin olvidar a otros inversores-, de modo que un eventual cierre de este mercado a nuevos accesos, lejos de perjudicarles, les beneficiaría al revalorizarlas. Y es que el alto tribunal resolvió ayer en una esperada sentencia que la ratio de un permiso de VTC por cada 30 de taxi «es, sin duda, una medida idónea y proporcionada». Más aún, advierte de que «no parece fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni -aclara- corresponde hacerlo en esta Sala».

Los magistrados resaltan, asimismo, que los recurrentes no han argumentado sus alegaciones sobre ese punto. Esto es, ni la Administración ha ofrecido «una justificación razonada» a esas cifras, ni Uber y Cabify -ni siquiera la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que defiende una liberalización total- «tampoco han planteado una posible alternativa». Apunta, en cualquier caso, que se trata de «un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes (en este caso, autonómicas)», permitiendo que haya más licencias que la proporción 1/30.

De hecho, hace tiempo que está superada -el promedio actual es uno a nueve-, llegando en algunas regiones a una frente a tres. Según las últimas cifras del Ministerio de Fomento, en mayo había 7.058 permisos de VTC frente a 64.217 de taxi. Y «puede incluso ser menor», ha advertido su titular -ahora en funciones-, Iñigo de la Serna, si la justicia sigue reactivando los permisos paralizados desde noviembre de 2015. Entonces se aprobó el reglamento que regula por ahora el sector -elevado a rango de ley por el Gobierno el pasado 20 de abril y aprobado por el Congreso el 10 de mayo-, lo que ha dejado pendiente de solución judicial cerca de 10.000 licencias.

La otra limitación importante que valida el Supremo es que los vehículos de alquiler con conductor deban realizar en la comunidad autónoma donde obtuvieron el permiso, al menos, el 80% de sus servicios. Con ello se busca evitar «una forma fraudulenta de incumplir la regla de proporcionalidad». Y también ve adecuado que a VTC y taxis se les exijan «requisitos materiales análogos» para «asegurar los niveles de calidad y de seguridad».

Donde sí da la razón a las multinacionales y la CNMC es en que no exista un mínimo de vehículos para tener un permiso VTC. El decreto, pese a lo esgrimido por los recurrentes, no obligaba a que fueran siete sino a «disponer de uno o más en las condiciones reglamentarias que se determinen». De todos modos, el alto tribunal cree que «resulta por completo irrelevante para el interés general» y, en todo caso, podría excluir a pequeños empresarios que, sin embargo, sí operan en el taxi.

 

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