El Supremo decidirá si la banca paga el tributo hipotecario tras los test de estrés

Será justamente el lunes después de que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en ingles) publique sus nuevos test de estrés a la banca comunitaria. La EBA emitirá los resultados de estas pruebas el viernes 2 de noviembre al cierre de mercado. Es decir, que el día 5 es el primer día hábil después de la publicación del principal examen anual sobre la solvencia de las grandes entidades financieras. Se trata de las pruebas periódicas que las autoridades realizan al sector para comprobar su fortaleza ante diversos escenarios económicos adversos.

La fecha del Pleno que reunirá a los 31 magistrados de la Sala Tercera para dirimir el criterio jurisprudencial se conoció ayer tras concluir la reunión de urgencia convocada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, con los seis miembros del tribunal que componen la Sección Segunda, competente para revisar cuestiones tributarias, y el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo.

Lesmes decidió intervenir en el conflicto generado en la Sala Tercera a cuenta de la sentencia sobre el abono del impuesto de las hipotecas y la inaudita situación generada por la decisión de Díez-Picazo de suspender, a posteriori, el «giro radical» que la sentencia producía en la jurisprudencia.

En la reunión estuvieron presentes Lesmes, el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes, Díez-Picazo y los seis magistrados que componen la Sección Segunda: el presidente Nicolás Maurandi, Ángel Aguallo, José Díaz Delgado, Francisco José Navarro, Jesús Cudero -ponente del fallo- y Dimitry Berberoff, el único de los seis que formuló un voto particular contrario al sentir mayoritario de sus compañeros.

Según señalaron fuentes jurídicas, fue una reunión para hacer balance de daños y «analizar la situación» después de que el presidente de la Sala Tercera dejara en el aire la decisión de los primeros de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo. En suma, Lesmes trató de apaciguar las aguas revueltas entre Maurandi y el propio Díez-Picazo, dado el fuerte impacto económico y social de la decisión y la mala imagen generada del Supremo.

En una nota posterior, el presidente del alto tribunal aseguró que los afectados «han actuado en todo momento con plena lealtad al Supremo, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso». Pese a ello, un colectivo judicial, Jueces para la Democracia, se desmarcó ayer con la petición de dimisión de Díez-Picazo por su «nefasta gestión».

El presidente de la Sala Tercera emitió una nota el pasado viernes en la que señalaba que la sentencia podía acarrear un «giro radical» en la jurisprudencia y una «enorme repercusión económica y social», por la que se tomó la decisión de que sea el Pleno el que decida el impacto las dos próximas sentencias de este tipo y así decidir si confirmaba o no la nueva jurisprudencia.

El hecho de que sea el banco el que debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, así como el posible carácter retroactivo de la decisión, podría lastrar las cuentas de las entidades por un valor que se estima hasta en 12.000 millones de euros. En este sentido, la ministra de Economía, Nadia Calviño, señaló ayer que el fallo, ahora en revisión, que atribuye a la banca el pago del impuesto «ha abierto una cierta inseguridad jurídica» en un tema con implicaciones sobre los ciudadanos, la banca y las propias arcas públicas.