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Lunes, 27 de noviembre 2017, 00:21
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La primera disposición adicional de la Ley de resolución alternativa de litigios sirve justo para señalar que el sector financiero contará con su propia norma para resolver las reclamaciones de los consumidores. La banca estará «obligada a participar en los procedimientos», pero las resoluciones no tendrán un carácter vinculante, al igual que hasta ahora.
El Gobierno deberá remitir al Parlamento en el plazo de ocho meses (antes del 6 de julio de 2018) un proyecto de ley que regule el sistema de protección del cliente financiero. Hasta que pueda aplicarse, las quejas serán resueltas por el Banco de España o alguna entidad autorizada.
En 2016 este supervisor recibió 14.462 reclamaciones, de las que un 27% se referían a cláusulas suelo. En poco más de un tercio de los casos (3.559) dictó resoluciones favorables al consumidor.
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