Santander gana su primera batalla judicial de peso por el Popular

La Audiencia de Asturias no aprecia «inexactitudes graves» en la ampliación de capital de 2016 pese a que otros jueces en varias provincias sí las han visto

J. A. BRAVO

madrid. El camino judicial que deberá recorrer el Banco Santander para responder de los pleitos que planteen los accionistas del Popular, su filial desde la polémica «decisión de resolución» de esta entidad por las autoridades europeas el 7 de junio de 2017, es todavía muy largo. No obstante, tras varias derrotas parciales en juzgados de Primera Instancia el grupo que preside Ana Botín ha logrado su primera gran victoria. Solo es una batalla, pero tiene su peso importante al ser el primer tribunal -y no solo distintos jueces de manera individual como hasta ahora- que se pronuncia sobre la ampliación de capital del Popular en mayo de 2016, que captó 2.500 millones de euros e incluso hubo una sobredemanda de casi el 36%. La Audiencia Provincial de Asturias estima que «no es posible reputar acreditado en este momento que los datos económicos y financieros del folleto (en el que se basó la emisión cuestionada) contengan graves inexactitudes».

Sostienen los tres magistrados de su sección civil que han revisado este caso que no han visto «prueba alguna» que les permita «formar una convicción de certeza sobre la existencia de manipulación de contabilidad». Al contrario, consideran que «las reglas de la lógica y normal criterio humano» llevan a concluir que no se puede afirmar, al menos «de forma indubitada», que hubiera «falta de veracidad» en dicho folleto. En su criterio, la controvertida intervención del Popular hace 15 meses se debió a la «materialización de los riesgos» apuntados precisamente en ese texto, como su elevada exposición al 'ladrillo', el problema con las cláusulas suelo y la nueva circular contable. No obstante, advierten de que tampoco pueden ir más allá en su análisis porque, a diferencia de en el 'caso Bankia' (pendiente de juicio), aún no existe un informe de los peritos judiciales. La Audiencia Nacional ha acotado el análisis de esos dos inspectores del Banco de España al período 2015-2017, pese a la pretensión de las acusaciones de llegar hasta la ampliación de 2012. El criterio de la Audiencia asturiana, que ha rechazado así la pretensión de un accionista de recuperar 5.455 euros invertidos en títulos del Popular, choca con otras sentencias anteriores de juzgados de lo civil. La última es del número 52 de Primera Instancia de Barcelona y su titular sí considera que hubo «vicio en el consentimiento» de compra de acciones en la ampliación de 2016.

Para ello afirma que la «dolosa información» facilitada por el banco provocó el «error» de su inversor (una empresa que perdió 6.000 euros), haciendo que tuviera «una representación ciertamente equivocada de la situación patrimonial y financiera» de la entidad, que pasó en pocos meses de presumir de «una elevada solvencia y confortable posición de liquidez» a cerrar el año con unas pérdidas de 3.485 millones de euros. Pero las dudas no solo rodean esa ampliación, también persisten respecto a la intervención ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR) europea. Según un informe de la agencia de calificaciones S&P conocido ayer, el Santander manejaba «semanas antes» ese posible escenario, lo que habría hecho que el grupo que dirige Botín llegara a plantearse una adquisición a bajo coste.

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