La salida a Bolsa de Bankia, epílogo de una etapa negra, a juicio 2.310 días después

Rodrigo Rato (a la derecha) y el resto de condenados por las tarjetas 'black', en la misma sala donde se celebrará el juicio del 'caso Bankia'. :: efe
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Rodrigo Rato (a la derecha) y el resto de condenados por las tarjetas 'black', en la misma sala donde se celebrará el juicio del 'caso Bankia'. :: efe

A 34 personas, incluidos parte de los condenados por las 'black', y al banco se les acusa de falsear las cuentas y engañar a los inversores

J. A. BRAVO MADRID.

«Cada día que pasa queda más claro que hubo errores en la salida a Bolsa de Bankia». Así opinaba en febrero de 2017 el entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Sus palabras son compartidas por muchos, que ven aquí el epílogo de la etapa negra de la crisis financiera. Eso es lo que determinará a partir de hoy la Audiencia Nacional en un juicio que se alargará hasta junio.

Lo que deberá dirimir el tribunal presidido por Ángela Murillo, quien ya encabezó el juicio por las polémicas tarjetas 'black' y ahora será ponente de la sentencia, es si la salida a Bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011 estuvo condicionada por el suministro de información financiera inveraz y el maquillaje de sus cuentas. El juez instructor, Fernando Andreu, apreció «indicios racionales» de ambas conductas.

Por eso hace un año abrió juicio oral contra 34 personas encabezadas por Rodrigo Rato, quien presidía el banco entonces, incluidos los miembros del consejo de administración que aprobaron las controvertidas cuentas de 2010 y 2011 que podrían ser declaradas falsas. También se incluyen tres sociedades: la propia entidad financiera, su matriz BFA y la auditora Deloitte, ya multada por «infracción continuada muy grave» de su deber de independencia al supervisar las cuentas de Bankia a la vez que asesoraba su salida a Bolsa.

Se enfrentan a penas que suman 363 años de prisión, recayendo las peticiones mayores en el propio Rato y quien fuera su 'mano derecha'. José Manuel Fernández Norniella: 12 años según las acusaciones populares que ejercen la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), la central CGT y Adicae, así como parte de las 16 particulares. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden apenas la mitad.

El motivo es que las dos últimas solo acusan por un delito societario de fraude a los inversores y/o depositantes de la entidad, que se habría perpetrado «falseando la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión» de cara a su estreno bursátil. Las acusaciones, por contra, añaden el delito de falsedad de las cuentas anuales del banco ya apuntado por el instructor.

Esta divergencia la aprovecharán las defensas para pedir en las cuestiones previas del juicio que se sobresea la falsedad por la 'doctrina Botín' y, de paso, bajar la posible indemnización -la fianza por responsabilidad civil ya se redujo de 800 a 34 millones- al solicitar que los accionistas personados en la causa acrediten documentalmente su perjuicio. El hoy fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado del caso en la instrucción, sostiene que al no ser auditadas ni aprobadas las cuentas del banco bajo sospecha «nunca entraron en el tráfico mercantil». Por lo tanto, y aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Supremo, «carecen de potencialidad lesiva» realmente.

Por eso tampoco ve responsabilidad en el auditor. La Fiscalía y la Abogacía del Estado limitan su petición de penas -de cinco a dos años y siete meses de cárcel- a Rato y sus tres principales colaboradores en Bankia y su matriz, BFA: el exvicepresidente José Luis Olivas; el citado Fernández Norniella, consejero con carácter ejecutivo; y Francisco Verdú, quien fue consejero delegado.

La labor de los inspectores del Banco de España que actuaron peritos judiciales será otra de las claves del juicio. La Fiscalía comparte sus conclusiones en lo referido a las «irregularidades» y «omisiones» en los balances, pero sin efectos penales. Y las acusaciones se apoyan en sus informes, que concluyeron que las cuentas en 2010 de Caja Madrid y Bancaja, las principales integrantes de Bankia, eran «especialmente falsas y contrarias a la normativa nacional», para atribuir dos delitos a los 34 acusados, incluidas las entidades.

Pérdidas y no beneficios

Los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez atribuyeron la misma tacha de falsedad a las cuentas de BFA y Bankia en 2011, «reformuladas» varios meses después. Así, donde se declararon beneficios había en realidad pérdidas, hasta 7.619 millones de euros no reconocidos que según ellos no hubieran podido ser cubiertos con los 6.913 millones en provisiones por insolvencia que según el Banco de España existían.

Donde sí parece haber consenso entre instructor, acusaciones y peritos es en que el folleto de salida a Bolsa del banco no reflejaba la verdadera situación de la entidad antes de saltar al mercado, lo que provocó -según el juez- un «perjuicio tanto para los inversores que posteriormente suscribieron acciones cotizadas» como para el Estado. Bankia, de la que el FROB controla el 61% tras el mayor rescate público (22.424 millones de euros), ha tenido que afrontar costosas indemnizaciones en vía civil a pequeños accionistas. Su provisión para ello, a raíz de que el Tribunal Supremo declarara en febrero de 2016 que fueron inducidos al engaño, ascendió a 1.840 millones.

No estarán en el banquillo ni el Banco de España ni la CNMV, pese a que la Audiencia Nacional los investigó, al estimar que la ley penal «no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica». Esto es que podrían haber hecho más, pero ninguno dio «carta blanca» a los excesos contables en Bankia, una obligación «exclusiva y excluyente» de sus propios administradores.

La vista oral, 2.310 días después de se abrieran las diligencias, echará a andar hoy. Y, en contra de lo que dijo Rato en el Congreso, esto no parece ser «el mercado, amigo».

EL MAYOR RESCATE

22.424 millones de euros costó al final el rescate de Bankia a cargo del erario público. Fue la mayor factura de saneamiento para el FROB, que ha recuperado por ahora 2.863 millones, el 75% vía privatizaciones y el resto con dividendos (controla el 61% del banco).

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