El puzle de la financiación autonómica

Sin embargo, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se mantiene un perfil bajo a la espera de que se tranquilice la situación política en Cataluña. Mientras tanto, las iniciativas del resto de autonomías del régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra) se empiezan a debatir en el comité técnico permanente de evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuya primera reunión se produjo el pasado jueves y el próximo encuentro previsto será la última semana del mes, probablemente el 28 de diciembre.

Los documentos presentados por las comunidades con las propuestas para el nuevo sistema de financiación ponen en evidencia los intereses contrapuestos entre las regiones. Unas discrepancias que no tienen nada que ver con cuestiones ideológicas, lo que provoca que comunidades de distinto color político vayan de la mano y se enfrenten a otras dirigidas por compañeros de su mismo partido. Algo que también provoca contradicciones entre los barones autonómicos del PP y el PSOE y los dirigentes de esas formaciones.

Así, una primera clasificación podría ser el choque entre las comunidades más ricas (con mayor renta) que se consideran perjudicadas por aportar más al sistema de lo que reciben. Entre estas se encontrarían Madrid, Baleares o Valencia, defensoras del principio de 'ordinalidad', esto es, que las regiones que más aportan deberían recibir más financiación a pesar de los mecanismos redistribuidores. Una postura defendida tradicionalmente también por Cataluña, que ha decidido no participar de esta negociación, y que estaba recogida en el informe de los expertos. En el lado opuesto se encuentran las comunidades que tienen una menor renta y reclaman tener más en cuenta otros factores como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población.

Una de las medidas que han trasladado a Hacienda las comunidades con mayores ingresos tributarios es aumentar el porcentaje de cesión de los impuestos. Así, Madrid y Baleares apuestan por elevar la cesión del IRPF, actualmente en el 50%. En el caso del archipiélago su propuesta recoge un aumento gradual de esa cesión hasta llegar al 100% del tributo. Por su parte, Valencia defiende aumentar al 70% la cesión del IVA y de los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos), que se encuentra en el 50% y 58%, respectivamente. Además, el Ejecutivo dirigido por Ximo Puig, uno de los peor parados en las balanzas fiscales, también reclama la cesión de más impuestos de carácter medioambiental y del impuesto sobre primas de seguros.

Dispersión y envejecimiento

Sin embargo, otras comunidades consideran que el camino del nuevo modelo debe moverse por otros criterios y evitar una mayor asimetría. En este sentido, Galicia, Asturias y Castilla y León han hecho un frente común para que se evalúe el coste real de los servicios que prestan a los ciudadanos en comunidades con gran dispersión geográfica como las suyas. Asimismo, también defienden tener en cuenta el envejecimiento de la población. En este sentido, argumentan que no es lo mismo una prestación para una persona de 65 años que para una de 85.

Pero estas tres comunidades también defienden, junto a otras, una armonización impositiva para evitar las enormes diferencias que existen con algunos tributos y lleva a una competencia fiscal autonómica que consideran negativa. De hecho, el informe de los expertos ya proponía establecer un gravamen mínimo para figuras como Sucesiones o Donaciones, donde comunidades como Madrid o Canarias tienen bonificado casi al 100% estos impuestos y provoca que contribuyentes en regiones con menos exenciones, como Andalucía o Extremadura, tengan que pagar casi 1.000 veces más, por ejemplo, por una herencia.

Lógicamente, Madrid -que ha sido acusada en los últimos tiempos por otras comunidades de ejercer un 'dumping fiscal'- o Baleares se oponen a esa armonización y argumentan que va en contra de la «corresponsabilidad fiscal» de un sistema descentralizado como el español. Precisamente, Madrid está en el centro de las críticas por su sistema tributario generoso en exenciones en algunos tributos. De hecho, además de las ventajas fiscales en Sucesiones o Donaciones también aplica una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio (en la práctica, los contribuyentes en Madrid están exentos de esta figura).

Por eso en la propuesta presentada a Hacienda, el Gobierno de Cristina Cifuentes aboga por la supresión de este tributo reintroducido durante la crisis. En caso de no ser así, defiende que se mantenga la capacidad normativa de cada comunidad para aplicar deducciones. Y es que este es otro impuesto que los expertos consideraban necesario armonizar para establecer un gravamen mínimo que obligara a los contribuyentes a tributar algo en todas las regiones.

Estas son sólo algunas piezas de un rompecabezas que acaba de empezar y que tiene un futuro incierto sin garantías de ser culminado.