¿Qué margen fiscal tiene el nuevo Gobierno para llevar a cabo una subida de impuestos?

Los ingresos públicos de España están por debajo de la media de la UE, lo que abre la puerta a cambios en el IRPF o Sociedades

DAVID VALERA MADRID.

Una de las principales palancas económicas que tiene un Gobierno son los impuestos y el nuevo Ejecutivo socialista ya ha anunciado que los utilizará. Sin embargo, el abanico de opciones es muy amplio y podría ir desde simples subidas de tipos para aumentar los ingresos públicos, a la creación de nuevos tributos -ahí se encuadraría el gravamen a la banca- o incluso, en algunos casos, una rebaja fiscal en el IVA para algunos artículos de higiene femenina como ha desvelado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta semana. Y todo ello con el reto de no poner en riesgo los compromisos de estabilidad presupuestaria alcanzados con la Comisión Europea. Pero, ¿qué margen real tiene el Gobierno para llevar a cabo estas medidas?

Los ingresos públicos de España se situaron en el 37,9% del PIB en 2017. Una cifra que está claramente por debajo de la media de la UE (44,9%) y de países como Alemania (45,2%) o Francia (53,9%), según datos de Eurostat. En consecuencia, el gasto público de España también se encuentra en tasas inferiores a la media comunitaria. En concreto, el pasado año representó el 41% del PIB frente al 45,8% de promedio en la UE. El mayor porcentaje de gasto en España respecto a sus ingresos es lo que genera el déficit, que este año debe caer al 2,2%, un objetivo que el Gobierno ya ve difícil cumplir.

La referencia más reciente sobre las intenciones del PSOE en materia tributaria se recoge en lo que denominaron 'Presupuestos alternativos' a las cuentas públicas elaboradas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En ese documento se contempla una subida de impuestos de 6.500 millones para sufragar un incremento del gasto social de 8.000 millones. A su vez, los otros 1.500 millones de diferencia se compensarían mediante la lucha contra el fraude y ahorros como el de los menores intereses de la deuda.

Entre las propuestas anotadas en dicho texto estaba aumentar la recaudación de figuras tradicionales como el IRPF. Precisamente los ingresos de este impuesto en España representan el 7,3% del PIB, lo que supone dos puntos menos que la media del 9,3% de la UE, según Eurostat. En este sentido, el PSOE proponía en ese documento elevar el tipo máximo del IRPF cuatro puntos para las rentas superiores a 150.000 euros, hasta situarlo en el 52% en las comunidades con un tramo autonómico mayor. Una medida con la que estimaban recaudar 400 millones.

Rentas del capital

Asimismo, otra modificación más importante en este impuesto era la equiparación de la tributación de las rentas del capital (rendimientos derivados de acciones, fondos de inversión...) con las rentas del trabajo. En concreto, el documento del PSOE proponía un aumento del gravamen para las rentas del ahorro superiores a 50.000 euros (actualmente está en el 23%) y cuyos ingresos totales superaran los 150.000 euros. Con esta iniciativa preveían un aumento de los ingresos de 1.500 millones.

En cualquier caso, el grueso de los mayores recursos tributarios contemplados en esa 'alternativa presupuestaria' procedían del Impuesto sobre Sociedades. Así, proponían un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable obtenido en España por los grandes grupos empresariales. Hay que tener en cuenta que aunque el tipo nominal es del 25%, gracias a las deducciones y otras bonificaciones las multinacionales pagaron sólo el 7,3% de sus beneficios contables en 2016, según datos de la Agencia Tributaria. En este sentido, el PSOE también apostaba por una revisión de los incentivos y regímenes especiales de las sociedades. Con todo ello estimaba un aumento de 4.000 millones en la recaudación. Precisamente, Sociedades es la única de las grandes figuras tributarias que todavía no ha recuperado los niveles precrisis. De hecho, en 2017 alcanzó los 23.143 millones, muy lejos de los 44.823 millones de 2007.

Dentro de los impuestos tradicionales el documento del PSOE contemplaba como fiscalidad medioambiental la equiparación del gravamen del diésel (más contaminante) con la gasolina. Es decir, pasar de los 30,70 céntimos por litro actual de impuesto del gasóleo de automoción a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina. El documento referido defendía que dicho incremento se hiciera de forma progresiva. Esta medida, además, es reclamada por el FMI y la Comisión Europea en sus informes sobre fiscalidad.

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos de 2018, que están en su fase final de tramitación parlamentaria, ya recogen un aumento del Impuesto sobre Hidrocarburos. En concreto, eliminan desde 2019 el tramo autonómico como tal e integran su tarifa máxima (4,8 céntimos por litro) en el tramo general. Por tanto, subirá en las nueve comunidades que tienen una tarifa autonómica inferior (Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Madrid y Extremadura).

 

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