La justicia europea deja en manos de España permitir la cesión de créditos a fondos 'buitre'

Afirma que está fuera del ámbito de la directiva sobre cláusulas abusivas y que «presume» que el legislador nacional buscará el «equilibrio»

J. A. BRAVO MADRID.

La banca ha ganado una batalla importante a los deudores hipotecarios ante la justicia europea, pero no la guerra. Así, por ahora, podrá continuar con su práctica extendida de traspasar créditos fallidos sin dar la oportunidad al hipotecado de saldar su deuda, al no contravenir la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no cierra la puerta a que al final sí puedan ser anuladas esas cesiones de préstamos. La diferencia es que no se podría hacer amparándose en la normativa comunitaria, sino con arreglo a la legislación nacional de cada Estado, en este caso España.

En una resolución conocida ayer, la curia europea -con sede en Luxemburgo- viene a 'lavarse las manos' en este polémico asunto, al menos en su posible inclusión entre las cláusulas abusivas. Dado que esos traspasos no se prevén en el contrato entre el banco y el cliente, la referida directiva «no es aplicable».

No entra así a valorar si esa «cesión o compra por un precio exiguo» -normalmente por los llamados fondos 'buitre', que se hacen con los derechos de la hipoteca con un descuento elevado a cambio de quitar un activo 'tóxico' del balance de la entidad financiera- ha sido notificada al cliente, ni si éste ha consentido. Y tampoco si se le ha ofrecido «la posibilidad de extinguir la deuda con el pago» del precio, intereses, gastos y costas del proceso.

Del mismo modo, y pese a las dudas planteadas por un juez de Primera Instancia de Barcelona, los miembros del TJUE consideran que la normativa europea sobre cláusulas abusivas «tampoco es aplicable a disposiciones nacionales». En este caso se referían a lo que se recoge en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre transmisión de créditos y el «derecho del deudor a extinguirlo», si bien esta opción se limita a priori a juicios declarativos.

«Preservar el equilibrio»

En todo caso, el tribunal europeo da a entender que el asunto debería ser resuelto por las autoridades españolas y, en última instancia, el juez nacional. «Tal exclusión -argumenta para no ir más allá en su pronunciamiento sobre los traspasos de préstamos hipotecarios- se justifica porque es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos». «Un equilibrio -apostilla- que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar».

De esta forma, será el juez de Barcelona que planteó este asunto quien resuelva finalmente si un fondo 'buitre' puede reclamar a una pareja el abono de sendos créditos que le cedió el Santander. El banco declaró su vencimiento anticipado por haber dejado de pagar las letras, con una deuda pendiente de 53.664 euros y unos intereses de demora que duplicaban con creces los de los préstamos, llegando incluso al 23,7%.

Otros colegas suyos de diferentes provincias sí han rechazado las demandas de cobro de esos fondos en otros casos, al estimar su «falta de legitimación activa» dado que no han acreditado que son titulares de los créditos cuyo abono reclaman. Así ha ocurrido hasta ahora en juzgados de Sevilla, A Coruña, Madrid y Valencia, entre otros lugares.

Para el bufete Navas & Cusi, sin embargo, quienes tendrían que acabar con esa «mala praxis bancaria» son la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, al «sustraer» sus derechos a los consumidores frente a «unos fondos buitre que solo aspiran a la especulación». Incluso lo denunció ante la Comisión Europea, que finalmente le remitió a la propia CNMV por ser la encargada en España de «controlar la correcta transposición» del derecho de la UE sobre los servicios financieros.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la UE ha respaldado la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre intereses de demora en los contratos hipotecarios. Así, aunque dice que podría ser más «rigurosa» y «proteccionista» con los consumidores, valida que se prohíba exigir al cliente una penalización más de dos puntos superior al tipo de remuneración pactado, e incluso que ésta se declare nula si finalmente dicha cláusula del préstamo resultara abusiva.

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