La gran industria tendrá una luz más barata para evitar que abandone España

Protesta de los trabajadores de Alcoa, en Lugo, el pasado 30 de noviembre, ante la intención de la firma de cerrar la fábrica. :: efe/
Protesta de los trabajadores de Alcoa, en Lugo, el pasado 30 de noviembre, ante la intención de la firma de cerrar la fábrica. :: efe

Tras la amenaza de Alcoa el Gobierno les reconoce un régimen específico, aunque deberán mantener su actividad al menos tres años

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

Las fábricas de envergadura contarán con un régimen de facturación eléctrico específico que atenderá sus «particularidades» reconociéndoles unos «derechos» en materia energética para que el coste de la luz no les suponga una justificación para irse de España o, directamente, clausurar su actividad. El Gobierno no quiere que las plantas que se ubican en zonas históricamente industriales le provoquen un quebradero de cabeza que puede impactar en el conjunto de la economía. El caso de Alcoa es el más paradigmático, reciente y constante: la compañía alumínica anunció en octubre -al igual que ha hecho en años anteriores- su intención de cerrar los centros de Asturias y Galicia por el elevado coste energético.

Ante la posibilidad de que otras firmas amaguen con recorrer ese camino, y después de muchos años reclamando una actuación para abaratar la electricidad que consumen, el Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto de medidas urgentes, entre las que incluye el desarrollo de un Estatuto del Consumidor Electrointensivo en un plazo de seis meses. Esa norma recogerá un régimen donde se incluirán las industrias con un elevado uso de electricidad y un consumo alto en determinadas horas del día, que además sea estable y predecible.

El precio medio de la luz que paga la industria se encuentra en los 0,11 euros/kwh, inferior a la media europea de casi 0,12, y también por debajo de lo que pagan los consumidores domésticos, cuyo coste se encuentra en los 0,20 euros/kwh, según las cifras de Eurostat. En octubre, el Gobierno ya aprobó la suspensión de dos impuestos que gravaban la generación eléctrica para tratar de reconducir la factura al menos durante medio año.

También se modifica la reforma de la ley energética de 2013 al permitir la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, con lo que se provocará una «reducción de costes» de la luz para la mediana y gran industria concentrada en determinadas zonas, como ocurre en Tarragona o Huelva, entre otros puntos. Podrán usar un sistema de distribución de luz compartido siempre que no afecte al suministro general de toda España.

El Gobierno ha optado por autorizar la prórroga de la retribución que tienen las plantas de cogeneración, aunque hayan superado su vida útil tras el pasado 1 de enero.

Desde el sector habían venido planteando al Gobierno actual y al anterior la necesidad de acometer una rebaja en sus facturas energéticas para poder ser competitivos con respecto a otros países europeos. El coste de la electricidad es uno de los pilares por los que muchas compañías deciden establecerse en un país, o trasladarse a otros. Desde patronales como la siderúrgica Unesid han recordado recordado insistentemente en que la luz supone en algunos casos más de la mitad de los costes totales de la cuenta de resultados. Incluso habían criticado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático por no hacer casi referencias a los costes energéticos del sector.

Ante esta realidad, la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha marcado como objetivo que el sector tenga un peso del 20% en el PIB en 2020 -se encuentra en el 16%- «de una forma más rápida» de lo que lo había hecho hasta ahora.

Compromisos por ayudas

Pero al mismo tiempo que estas empresas podrían beneficiarse de una factura de la luz adaptada a sus intereses, el Gobierno les obligará a que mantengan su actividad en España como compensación. Reyes Maroto apuntó que las firmas que sean beneficiarias de este tipo de ayudas deberán «mantener la actividad productiva al menos tres años y al 85% de su plantilla». Considera que este requisito «es muy positivo» porque «no siempre las medidas de apoyo estaban condicionadas a algo». El primer caso en el que se establece esta obligación será con las industrias beneficiaras de las subvenciones para la compensación por los costes de emitir dióxido de carbono (CO2).

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