El Gobierno pondrá el foco en ayudas a hogares muy vulnerables para atajar la subida de la luz

Dispone de un estrecho margen legal tanto para para intervenir en el mercado de precios como en reducir la carga impositiva de la factura

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

Cada vez que el precio de la electricidad se dispara, el titular del Gobierno responsable de la energía anuncia una batería de medidas para revertir el alza en las facturas de millones de consumidores. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hará lo propio el miércoles día 19 en el Congreso mientras septiembre se encamina a convertirse en el mes con el recibo más caro de los 20 últimos meses.

En realidad, la capacidad de intervención del Ejecutivo en un mercado como el eléctrico no es elevada por las disposiciones comunitarias que limitan cualquier actuación en este sentido. Por eso, el Gobierno sí tiene previsto actuar, pero inicialmente solo entre las familias con menos recursos para que puedan hacer frente al pago de sus recibos a las puertas del otoño.

Teresa Ribera ya anticipó a principios de mes que el precio de la luz seguirá subiendo en las próximas semanas, como anticipa el mercado de futuros eléctricos. Los cambios llegarán pero para «proteger a los colectivos más vulnerables», que cifró en 4,6 millones de hogares para pagar la factura.

Desvincular el PVPC de lo que marca el mercado diario es una posibilidad a realizar a medio plazoLa política tributaria del Ejecutivo no pasa, por ahora, por reducir los impuestos ni tocar el recibo

«Los precios han subido más que los salarios y las prestaciones sociales y eso no lo podemos permitir», indicó la ministra. Aunque ya está en vigor el nuevo bono social, al que se pueden acoger determinadas familias según el nivel de renta, el Ejecutivo no descarta anunciar algún apoyo a esa herramienta u otras ayudas de corte social relacionadas con la luz, según fuentes del sector.

Sería la actuación más rápida y certera que anunciaría la ministra el próximo miércoles, ya que se podría resolver con un decreto en el consejo de ministros, que tendría que ser validado por el Congreso posteriormente, y cuyos plazos apenas rondan unas semanas si se agilizan todos los trámites.

De hecho, seguiría las recomendaciones del comité de expertos que hace seis meses publicó un documento para llevar a cabo la transición energética. En ese texto, abogaban por «extender la protección al conjunto de suministros energéticos» en función de renta, número de miembros de la unidad familiar o minusvalías. Además, apuntan que «sería conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores vulnerables». Al mismo tiempo, recomendaban «evaluar cuidadosamente los colectivos que se incluyen dentro de la protección para consumidores vulnerables» para evitar «ayudas innecesarias».

Más allá del respaldo público a estos problemas sociales, Teresa Ribera podría realizar algún anuncio «de carácter estructural», como ella misma ha definido los cambios que se deben realizar en el sistema eléctrico. Aunque en este caso existen muchas más trabas para poder actuar, y menos aún a corto plazo, que es cuando los precios están subiendo. Además, cualquier cambio de calado requeriría una reforma de la ley eléctrica, con su correspondiente tramitación y los necesarios apoyos legislativos en las Cortes.

Una solución que se plantea en sectores energéticos es actuar en el mercado de generación ('pool'), donde se casan los precios de todas las fuentes de producción día a día, y que es lo que ahora repunta por el coste del petróleo, del carbón y de las emisiones contaminantes, entre otros factores. Regular un precio para energías como la hidroeléctrica o la nuclear debería tener el respaldo de la Comisión Europea, donde se muestran poco dispuestos a apoyar intervenciones en esta materia. Además, las compañías podrían comenzar otra ronda de demandas, como las presentadas en los últimos años tras la reforma energética de 2012, con resultado casi siempre contrario al Estado.

Un precio regulado estable

Lo que varias fuentes consultadas no descartan es que la ministra pretenda desvincular el PVPC (el precio regulado al que se encuentra acogido un 42% de los titulares) de lo que marque el 'pool'. Es decir, se podría establecer un sistema de precios estables para los consumidores acogidos a este tipo de tarifa (actualmente, unos 11 millones de usuarios). Aunque, previsiblemente, el coste anual de la factura no sería muy diferente al actual, eso sí, sin grandes oscilaciones mensuales.

La otra gran posibilidad con la que cuenta el Gobierno -recomendada en parte por los expertos del informe energético- es sacar de la factura de la luz los conceptos que no se encuentran ligados estrictamente a su producción, distribución o consumo. Se trata de partidas como la extrapeninsularidad o las tasas de los residuos, que permitirían reducir el importe del recibo, aunque sería a costa de los Presupuestos.

Más lejana se encuentra la posibilidad de que el Gobierno anuncie una rebaja impositiva de la factura, con un tipo de IVA del 21%, aparte de los tributos eléctricos. La reducción de impuestos no parece que sea, por ahora, la vía por la que apuesta el Ejecutivo de cara a la negociación de las cuentas públicas para 2019.

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