El Gobierno hará pagar a la banca el impuesto a la hipoteca sin retroactividad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer durante su intervención en el Palacio de la Moncloa. :: Susana Vera / reuters/
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer durante su intervención en el Palacio de la Moncloa. :: Susana Vera / reuters

El Consejo de Ministros aprobará hoy un decreto de ley que después deberá ser refrendado por el Congreso, donde carece de mayoría

ANDER AZPIROZ MADRID.

«Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana lo hará el ejecutivo». Pedro Sánchez avanzó con estas palabras la respuesta del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo que endosa a los clientes bancarios el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). El jefe del Ejecutivo se vio en la tesitura de dar explicaciones en una comparecencia de urgencia. No era para menos, porque la paupérrima minoría parlamentaria del Gobierno se ha visto sacudida por una pirueta judicial que nadie preveía.

Según los planes del presidente, la solución a este choque de trenes entre dos de los tres poderes del Estado -a la espera del que se avecina en el legislativo- llegará a través de dos vías. La primera será por un decreto ley que reformará la normativa para que el pago de la tasa del crédito hipotecario recaiga sobre las entidades bancarias y no sobre los usuarios. La segunda línea de acción del Gobierno consistirá en la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes. La misión de este organismo será reforzar la protección de los usuarios financieros y la mejora de la resolución de conflictos.

La aprobación del decreto ley es la medida estrella y por eso será inmediata. Se materializará en el Consejo de Ministros de hoy. Pero el decreto ley -una fórmula legislativa prevista para medidas de urgencia aunque generalmente utilizada al antojo del Gobierno de turno- deberá ser refrendado por el Congreso. A falta de pronunciamientos oficiales, Ciudadanos y Unidos Podemos se han decantado hacia el sí, al menos hasta comprobar la redacción del decreto ley.

El PP es quien más ha marcado distancias. Pablo Casado realizó sus valoraciones desde Helsinki, donde el Partido Popular Europeo celebra un congreso crucial para designar a su candidato a presidir la Comisión Europea. El líder de la formación conservadora se comprometió a suprimir la tasa a las hipotecas una vez alcance la Moncloa, una medida que, añadió, se encuadrará en «una revolución fiscal» basada en una bajada general de impuestos. Sánchez rechazó de plano suprimir un impuesto que «nutre las arcas de las comunidades autónomas». Por eso instó al líder del PP a consultar la decisión con los presidentes regionales de su partido. La respuesta de Casado llegó a los pocos minutos desde la capital finlandesa: «Sabemos que la banca lo va a repercutir en el consumidor y lo demás es mentir a los españoles».

Temor a la subida de tipos

¿Trasladarán a partir de ahora los bancos el impuesto al usuario mediante un incremento del precio? Pedro Sánchez espera que no. No obstante, ayer fue incapaz de ofrecer alguna garantía más allá de su confianza personal. No lo ven del mismo modo las asociaciones de consumidores, donde temen que las entidades incrementen los intereses y las comisiones tras asumir el AJD. «Estaremos muy atentos, porque se tiene que mantener la competencia: la banca no puede subir de manera concertada los tipos», explican desde la OCU.

El decreto ley debería evitar que en el futuro el impuesto recaiga sobre el usuario. El problema para la imagen del Gobierno es que no afectará de manera retroactiva a aquéllos que hayan firmado sus hipotecas en los últimos cuatro años. Es un alivio para el Ejecutivo, ya que las administraciones se ahorrarán un desembolso que podría haberse elevado hasta los 5.000 millones de euros, lo que hubiera supuesto cinco décimas más de déficit sobre el PIB.

La cruz para el Gobierno es que, pese a su celeridad, se arriesga a ser señalado por los afectados que vieron posible reclamar el dinero que abonaron en su día al formalizar sus hipotecas. Su principal socio parlamentario ya ha convocado una manifestación para el sábado a las 18:00 frente a la sede del Tribunal Supremo. Según Pablo Iglesias, lo anunciado por el Gobierno no basta. Hay que devolver todo el dinero.

Entre los críticos a la decisión del Supremo se han extendido las peticiones de dimisión de Carlos Lesmes, presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque en realidad su mandato expira en menos de un mes. Él, por su parte, en declaraciones a las puertas del Supremo, salió en defensa de los magistrados de la Sala Tercera - que han actuado con «absoluta libertad e independencia»- e instó al Congreso a refomar la legislación hipotecaria para «clarificar» quién debe pagar el impuesto sobre este tipo de préstamos, ya que en su opinión, «se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras».

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