La Fiscalía defiende el «interés colectivo» en el juicio de Bankia más allá de los perjudicados

Rechaza expulsar a las acusaciones populares por la doctrina Botín porque este «quebranto» fue el «mayor rescate» a un banco en España

J. A. BRAVO MADRID.

Ni perjudicados directos, ni accionistas pendientes de resarcir. Para la Fiscalía Anticorrupción no es necesario que se den estas circunstancias para justificar la presencia de las acusaciones populares y buena parte de las particulares en el juicio por la polémica salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se juzga en la Audiencia Nacional. Basta para legitimar su continuidad, según advirtió ayer, «la relevancia e interés colectivo» de los hechos que se están juzgando, en concreto la posible falsedad de las cuentas anuales en 2010 y 2011 de la que fue «cuarta entidad financiera del país».

La fiscal Carmen Launa salió así al paso de la petición casi unánime de las defensas de los 34 acusados -entre ellos, tres personas jurídicas: el banco, su matriz BFA y la auditora Deloitte- para hacer una especie de 'limpia' de acusaciones en el proceso, de manera que solo quedaran quienes estuviesen «realmente legitimados, acreditando con poderes que representan a propietarios de títulos» de la entidad y que, además, no hubieran sido compensados ya económicamente. Su amenaza de iniciar acciones legales contra ellos, en caso de resultar absueltos al final de la vista oral, pretendía provocar una desbandada entre ellas.

Pero en Anticorrupción, donde durante la instrucción del caso discreparon en varias ocasiones con el criterio de las acusaciones -por ejemplo, sobre imputar a las antiguas cúpulas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, no quieren que los antiguos responsables de Bankia aprovechen posibles resquicios legales para verse libres de posibles culpas antes de tiempo. Por eso ya anunciaron el lunes que, «eventualmente», podrían acusarles de un delito de falsedad contable, además de la estafa -en la modalidad de fraude a los inversores- que ya les atribuyen. Así irían contra las 34 personas del banquillo y duplicarían su petición de penas para Rodrigo Rato y sus tres principales colaboradores -los únicos que acusan ahora- hasta un máximo de 12 años de cárcel.

«Este quebranto, el mayor rescate español, alcanza una relevancia e interés colectivo del que todos somos conscientes». Con este argumento la fiscal Launa intentó echar por tierra la posibilidad de privilegiar a unas acusaciones respecto a otras según el perjuicio que pudieran acreditar. Y es que, según explicó al tribunal, bien se podría entender que los afectados podrían ser todos los españoles, en la medida que de las arcas públicas -a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya personado como acusación particular- salieron los 22.424 millones de euros que en varias fases se terminaron inyectando en Bankia para reflotar sus cuentas. Además, añadió, no debe olvidarse que «se puso en riesgo al sistema financiero nacional en su conjunto», esto es, la afectación iría más allá de los propios clientes.

Unas cuentas «públicas»

Otro elemento que esgrimió para defender su tesis es que las cuentas anuales ahora cuestionadas fueron «objeto de publicidad evidente» y trascendieron a la opinión pública, al ser publicadas en los medios de comunicación, por lo que también por esta vía el universo de posibles afectados sería mucho mayor que los 10.700 accionistas que llegaron a presentar denuncia ante la Audiencia Nacional. No obstante, los primeros perjudicados serían también «las cajas de ahorros y sus partícipes» que luego conformaron Bankia y BFA, lo que permite legitimar la presencia de todas las acusaciones. «No procede, por tanto, la nulidad del juicio oral», concluyó. En esta tesitura la fiscal rechazó aplicar la doctrina Botín que, según estableció el Tribunal Supremo en 2007, impediría seguir con un procedimiento si no acusan ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares y solo lo hacen quienes ejercen la acción popular, justo lo que ocurre ahora con la falsedad contable que se atribuye a una treintena de exconsejeros de Bankia y el propio banco.

De otro lado, el último informe presentado por el perito judicial Antonio Busquets sugiere que Bankia vendió a Mapfre su negocio de seguros de vida con un descuento de 404 millones de euros sobre su valor real, en lo que podría ser una compensación por sus pérdidas como accionista del banco desde su estreno. Desde la entidad, sin embargo, niegan que implique indemnización alguna y justifican la diferencia de precio en que no se traspasó la parte de pensiones y había otros acuerdos.

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