Exconsejeros de Bankia alegan que la falsedad contable estaría prescrita

Denuncian sufrir ahora una «instrucción suplementaria», y piden aclarar las acusaciones que quedan además del papel de la Fiscalía

J. A. BRAVO

madrid. El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a Bolsa de Bankia, presidido por la veterana magistrada Ángela Murillo -que dirigió hace dos años la vista oral por las tarjetas «black»-, va a tener trabajo extra estas Navidades para resolver las numerosas cuestiones previas planteadas por todas las partes, y cuyo debate concluyó ayer. Lo hizo con una novedad aparente, ya sugerida por algunos letrados de la defensa: la posibilidad de que el delito de falsedad contable hubiera podido prescribir ya.

También se quejaron del batiburrillo que, según ellos, se ha creado en el estrado de las acusaciones, al no quedar claro cuántas son ni el papel de la Fiscalía Anticorrupción. Y es que tras la advertencia de ésta sobre la «eventualidad» de que al final de la vista oral termine acusando a los 34 encausados por un segundo delito -la presunta falsedad de las cuentas de Bankia y su matriz, BFA, en 2010 y 2011- aparte de la estafa -en su modalidad de fraude a inversores-, unido a la renuncia de algunos denunciantes particulares ante la advertencia de las defensas de que pedirían su condena en costas en caso de que sus clientes resulten inocentes, llevó a algunos abogados defensores a quejarse de que «la configuración de las partes empieza a ser problemática».

Su primer reproche en este sentido fue a la representante del Ministerio Público, Carmen Launa, porque «no sabemos cuándo ni cómo va a cambiar su calificación de los hechos», una «ambigüedad» que, en opinión de algunos, incluso podría llegar a contravenir la ley. «Varias acusaciones -continuaron su queja- han dicho que van a hacer un ejercicio de depuración», revisando la cifra de accionistas. «Otras están dispuestas a retirarse», añadieron los letrados de varios exconsejeros, «y algunas más van a dejar de ser acusaciones particulares para convertirse en actores civiles», esto es, solo reclamarían una indemnización y retirarían su petición de penas de cárcel.

Por si acaso, apelaron a la supuesta prescripción de la falsedad contable, bajo el argumento de que «nunca» se habría mencionado de forma expresa durante la investigación hasta mayo de 2016, más de cinco años después de que se pudiera haber cometido. Además, denunciaron sufrir una «instrucción paralela» por la incorporación de nuevos documentos a última hora, incluido un informe pericial no pedido.

 

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