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Domingo, 4 de febrero 2018, 01:20
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Siempre pendientes de nuevas reformas en la Ley Concursal española -lleva casi una decena en poco más de doce años de historia-, los expertos en quiebras (economistas, auditores y abogados) esperan ahora la nueva Directiva de Insolvencia, aprobada en diciembre por el Parlamento europeo y que debe ser transpuesta por todos los Estados miembros antes de que finalice 2018. La Corte, no obstante, ya apunta su posible reforma a partir de 2020, cuando la Comisión Europea evalúe sus resultados.
La nueva normativa comunitaria busca una «mayor homogeneización» de las legislaciones nacionales, donde se observan tendencias muy diferentes en los concursos de acreedores registrados en cada país. Sin embargo, los expertos todavía echan en falta que se apueste más por la mediación para la resolución alternativa de las insolvencias, «especialmente en las microempresas y pequeñas empresas».
En la directiva se establece un orden de prelación común en toda la UE para el posible cobro de deudas en caso de insolvencia, rebajando en la preferencia aquellos créditos «no garantizados» derivados de instrumentos de deuda como bonos, obligaciones y similares, y siempre que su plazo de vencimiento supere el año.
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