Las empresas aceleran sus planes de defensa ante un 'brexit' duro

Las empresas aceleran sus planes de defensa ante un 'brexit' duro

El Gobierno admite que el verdadero problema está entre las pymes expuestas a una salida brusca del Reino Unido de la UE

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Aunque las dos partes van a perder, a España le interesa mucho más que la salida de Reino Unido de la Unión Europea se haga de forma ordenada -con un acuerdo que el Parlamento británico ha rechazado inicialmente esta misma semana- que por las bravas. Porque la economía española se juega mucho más en aquel territorio de lo que los británicos pueden perder si la separación no es acordada.

Reino Unido es el tercer mercado para las exportaciones de bienes y servicios después de Francia y Alemania, según los últimos datos completos, correspondientes a 2017. Más de la mitad de esas ventas fueron de bienes, y otro tercio corresponde a servicios, sobre todo de turismo.

El principal riesgo al que se enfrentan las compañías con presencia en Reino Unido es un 'brexit' sin acuerdo. Los grandes negocios ya tienen preparados sus planes de contingencias para evitar un mal mayor en el peor de los casos. Han sido muchos años de enormes inversiones las realizadas en ese país, donde las multinacionales han encontrado un mercado apetitoso en sectores que van desde el bancario hasta el eléctrico, pasando por el de la construcción y servicios. Y ahora no pueden arriesgarse a perder parte de lo conseguido por esta situación.

Sin embargo, no les ocurre lo mismo a las pymes con actividad en Reino Unido. El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, revelaba que estas firmas «no están preparadas» para un 'brexit' duro. «Los ingleses sí que lo están -apuntaba-, pero nosotros no». Él mismo reconocía que la mayor parte de las empresas han pensado que la salida iba a ser ordenada. Y no han actuado en consecuencia.

La mayor incertidumbre que tiene ahora mismo el Gobierno pasa por la posibilidad de que la separación sea traumática. Si no lo fuera, en el Ejecutivo confían que los diferentes tratados bilaterales que ya tiene firmados España con Reino Unido en todo tipo de materias, servirían para amortiguar cualquier incertidumbre, apuntan fuentes de Moncloa. Pero sin acuerdo entre las partes, los efectos discurrirían por unos caminos completamente desconocidos, reconocen esas fuentes.

A nivel bilateral, los principales acuerdos se centran en materias como fiscalidad, justicia, sanidad o Seguridad Social. En el campo tributario, se firmó en 2013 un texto para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, que derogaba al firmado el 21 de octubre de 1975. Ese texto resuelve el tratamiento de los residentes no domiciliados en Reino Unido y supone una reducción de la tributación en fuente, estableciendo la tributación exclusiva en residencia para los dividendos derivados de participaciones mayoritarias, así como para intereses y cánones. Además, incluye una cláusula de arbitraje para resolver conflictos que se puedan derivar por la aplicación de todos esos tratados.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ya ha apuntado la posibilidad de autorizar un 'cheque-brexit' de ayuda a las firmas que lo necesiten. Además, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el Informe sobre la planificación de contingencia para la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo. Se trata de un plan que contiene medidas legislativas, logísticas y de comunicación para afrontar el peor de los escenarios posibles. Pero, además, ayer mismo Maroto anunció que el Gobierno aprobará un Real Decreto en febrero con nuevas medidas para minimizar los posibles efectos en los sectores del turismo y de la empresa.

Entre los puntos clave que la Unión Europea recomienda a los empresarios tener en cuenta para prepararse se encuentran los relacionados con la responsabilidad de las pymes en el caso de que reciban productos de Reino Unido para determinar las responsabilidades de acuerdo con lo que dicte el derecho comunitario; la tramitación de certificados, licencias o autorizaciones expedidas en aquel país para obtener otras nuevas; el conocimiento de cómo le afectará la nueva norma de aduanas, así como lo relacionado con el Impuesto de Valor Añadido (IVA), de carácter armonizado en la UE, o los Impuestos Especiales; atender a las normas de origen, teniendo en cuenta que Reino Unido ya no será un país miembro de la UE; la prohibición de comerciar con determinadas mercancías fuera del ámbito comunitario; o el tratamiento de datos personales, una de las cuestiones más sensibles para muchos negocios.

Las grandes empresas sí que han desarrollado en los últimos meses todo tipo de estrategias para evitar un impacto en sus negocios. Hasta que los británicos optaron por el 'brexit' en el referéndum de junio de 2016, Reino Unido se había convertido en uno de los mercados más atractivos para las compañías españolas a la hora de ampliar negocio.

Bancos

Santander y Sabadell son las grandes corporaciones financieras con intereses en Reino Unido. La entidad presidida por Ana Botín obtiene en ese país un 14% de su resultado ordinario bruto (según el último informe trimestral del grupo, hasta septiembre de 2018), lo que le convierte en el tercer mercado después de Brasil y España. Es producto de la adquisición de Abbey National, aunque desde hace años opera como Santander UK. Por su parte, la posición de Sabadell es mucho más relevante tras la compra de TSB. En ambos casos, han realizado actuaciones. Por ejemplo, Santander ha trasladado fuera del mercado británico su actividad de banca de inversión y servicios para grandes empresas. Y Sabadell tiene un plan preparado ante un 'brexit' que pudiera perjudicarle. Así lo anticipó antes de Navidad el consejero delegado, Jaime Guardiola, quien también aclaró que Sabadell «está un poco fuera del lío» en el sentido de que se encuentra enfocado al mercado hipotecario fuera de la capital, por lo que su preocupación está ligada a cuánto se va a ver afectada la economía del país británico.

Aerolíneas

Iberia se encuentra en el centro de buena parte de las preocupaciones del Gobierno por la posibilidad de que deba dejar de operar en el ámbito de la UE. Responsables del Ejecutivo, la Comisión Europea e IAG (la matriz del grupo con sede en Reino Unido) han mantenido ya reuniones para buscar una fórmula que permita definir a Iberia como compañía española, siempre que supere el 51% del accionariado. La firma argumenta que aunque IAG tiene el 86% de los derechos financieros sobre Iberia, el 50,1% de los derechos de decisión los controla la firma Garanair, propiedad de El Corte Inglés.

Constructoras y eléctricas

Uno de los mayores tesoros incluidos en la cuenta de resultados de Ferrovial es la sociedad del grupo que gestiona el aeropuerto de Heathrow, el principal de Reino Unido. Para evitar riesgos, la compañía presidida por Rafael del Pino ha puesto a la venta su división de servicios, lo que reduce su exposición a un negocio que, en el conjunto de territorios donde opera, le aporta unos 7.000 millones de euros. En el caso de Iberdrola, la principal cuestión reside en aclarar qué ocurrirá con las garantías de origen de la electricidad generada por sus centrales renovables en ese país en el marco de legislación de la UE.

El turismo ya nota la caída del mercado británico, el primero para España

Entre todas las cuestiones económicas que más preocupan por la salida de Reino Unido de la UE -ya sea de forma brusca o suave-, la del turismo es clave para un país como España. Solo en 2018 recibió más de 18,3 millones de visitantes de las islas británicas, manteniéndose como primer punto de origen de todo el mundo. Es uno de los pilares del turismo de sol y playa que ofrecen las costas.

Sin embargo, ya hay amenazas que se ciernen sobre un sector que constituye el puntal del crecimiento del PIB. Por ejemplo, la mayor competencia de zonas del Mediterráneo que en los últimos años se han visto envueltas en conflictos -Egipto, Túnez, Turquía, etc.- ha comenzado a afectar a la llegada de turistas británicos. En concreto, han visitado España un 2% menos de ciudadanos de ese país, y sus pernoctaciones también han caído a un ritmo del 3,4%.

Por eso, desde la patronal Exceltur advierten al Ejecutivo de que debería disponer de un plan de emergencia turística nacional que asegure la conectividad aérea entre Reino Unido y los destinos españoles «clave para mantener la afluencia en un mercado estratégico como el británico». Porque el 'brexit' duro implica dos amenazas con las que ya cuentan los hosteleros españoles. Por una parte, una fuerte devaluación de la libra esterlina y, por tanto, una limitación en el poder adquisitivo de los británicos. Si su bolsillo se resiente, el gasto en turismo puede ser uno de los primeros que paralicen a la espera de que la economía mejore en un futuro.

Por otra parte existe el riesgo de que las compañías aéreas que operan entre las islas británicas y la Península Ibérica y las Islas Canarias y Baleares dejen de hacerlo ante una prohibición de las licencias en el ámbito comunitario. Sería otra medida nefasta para el sector.

Las normas del Europarlamento, en vilo si hay una prórroga

Las próximas elecciones europeas también tienen en cuenta lo que Londres decida acerca de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El adiós definitivo está previsto para el próximo 29 de marzo. Pero ante la negativa del Parlamento británico al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Theresa May y el Ejecutivo comunitario, las alarmas se han encendido en otra de las sedes, el Europarlamento.

Con las elecciones europeas a la vista -serán el 26 de mayo-, la UE ya contaba con repartir entre el resto de Estados miembro los 73 diputados que le correspondían hasta ahora a Reino Unido, de los 751 con los que cuenta la cámara. Si finalmente no hay 'brexit' antes de la convocatoria, también habrá elecciones en Reino Unido. Y ahí surge el problema.

Si se constituye el Parlamento Europeo con los diputados británicos electos, puede comenzar a tomar decisiones sobre normas y directivas que afectan habitualmente al ámbito económico, al medioambiental o al social. Llegado ese caso, si Reino Unido abandona después el club comunitario, toda esa legislación podría ser puesta en entredicho ante cualquier demanda que reciba el Tribunal de Justicia de la UE, así como su adaptación. Esa es la otra gran cuestión que se estudia en los Ejecutivos de los 27 para evitar un mal mayor.

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