Competencia ve un cártel de grandes constructoras

La CNMC expedienta a las seis mayores tras acusarlas de pactar su papel en licitaciones de obra civil, formando un grupo «estable y formal»

J. A. BRAVO

Madrid. Las seis mayores constructoras de España se enfrentan a una dura sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ayer anunció la apertura de un expediente disciplinario tras acusarlas de formar un cártel para pactar las condiciones que ofrecían al participar en concursos públicos de obra civil.

La investigación comenzó en junio de 2017, al hallarse en la instrucción de otro caso documentación que despertaba esas sospechas. Luego se aumentó mediante inspecciones domiciliarias en las sedes de cuatro de esas compañías. Y ahora la CNMC aprecia «indicios racionales» de que han incurrido en «acuerdos o prácticas concertadas y conscientes para impedir o restringir» la competencia, en concreto en licitaciones convocadas por distintas administraciones públicas en todo el país para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios.

Los «acuerdos e intercambios de información» que protagonizaron fueron tan intensos, según el órgano de competencia, que llegaron a constituir «un grupo estable y formal» para ello. «De esta forma -añade-, decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones que iban haciéndose públicas».

Las seis compañías expedientadas -Acciona Construcción, Dragados (ACS), FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Obrascón Huarte Laín (OHL) y Sacyr Construcción- son filiales de los seis mayores grupos del sector, a las que se une bajo la misma acusación Corsán (Isolux). De ser declaradas finalmente culpables, la CNMC podría multar a cada una con una suma de hasta el 10% del volumen total de sus negocios.

La mitad de ellas (FCC, Sacyr y Ferrovial) ya figuran en otro expediente incoado por Competencia por el llamado 'cártel de las basuras', sobre los servicios de recogida en las grandes ciudades. Su primera sanción de 98 millones fue recurrida y anulada.

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