La CNMC no podrá fijar los peajes de la luz y el gas hasta 2020 y bajo supervisión

El Gobierno le devuelve con efecto retardado las competencias sobre 7.000 millones de los costes regulados, y le marcará «prioridades»

J. A. BRAVO MADRID.

Cuatro años ha tardado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en recuperar las competencias que tenía sobre las facturas de la luz y el gas -la Comisión Europea amenazó con demandar a España si no lo hacía-, aunque no podrá hacerlas efectivas hasta dentro de otros doce meses. Y es que si bien el Gobierno ha cumplido su promesa de retornarles las atribuciones sobre cerca del 40% de los costes regulados que se cargan en el recibo de la luz, lo ha hecho con un retardo estudiado.

De hecho, en diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica ya elaboró su propia propuesta para 2019, que luego fue informada por la CNMC -de cara al próximo ejercicio será al revés- precisamente con algún apunte critico. Por ejemplo, en el caso del sector gasista estimaba que el Ejecutivo había infravalorado el número de clientes y el volumen de carga en cisternas, mientras sobrevaloraba las capacidades contratadas y facturadas. De los ingresos previstos de cierre de 2018 y 2019, veía que serían insuficientes y generarían un déficit de 400.000 euros, en vez del superávit de ingresos de 5,4 millones que se incluía.

Unos «errores» que, sin embargo, no frenaron la aprobación de los nuevos peajes de electricidad y gas para este año. Para otoño será el regulador el que tendrá la iniciativa de calcular esos cánones de cara a 2020, si bien «deberá de tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética», y que luego materializará en unas «orientaciones de política».

El Ejecutivo quiere mantener así una supervisión estrecha sobre cualquier factor que pueda incidir en el precio final de los suministros energéticos. Entre las pautas gubernamentales a las que deberá atender la CNMC figuran la seguridad del suministro y su «independencia», la «sostenibilidad económica y financiera» de los sistemas eléctrico y gasista, la calidad del aire y el respeto medioambiental, el manejo de la demanda y la «gestión de las elecciones tecnológicas futuras», esto es, si el Ministerio decide primar el uso de unas fuentes respecto a otras según lo anticuado y costoso que sea.

Pese a ello, desde el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera sostienen que «no menoscaba la responsabilidad de cada institución en materia de energía». Afirman que el órgano que preside José María Marín Quemada tendrá «la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones», aunque acto seguido recuerdan que la Constitución establece que las bases del régimen minero y energético son «competencia exclusiva del Estado».

Fruto de ese reparto en la CNMC recaerá la aprobación de «la estructura, metodología y los valores concretos» de los peajes -hablamos del control de 7.000 millones de euros anuales de costes regulados-, así como las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado.