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CEOE pide un Pacto de Estado para impulsar la industria

Los empresarios advierten que los costes energéticos penalizan su competitividad y proponen llevar a Presupuestos la parte del recibo ajena al suministro

A. ESTRADA

Martes, 16 de enero 2018, 00:04

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MADRID. Los empresarios reclaman un Pacto de Estado para impulsar el peso de la industria en la economía española. El presidente de la Comisión de Industria y Energía de CEOE, Guillermo Ulacia, subrayó la «prioridad» de la «reindustrialización» de la economía en la presentación de un informe elaborado por CEOE donde figuran nueve recomendaciones para aumentar la competitividad y el peso específico del sector industrial (el 14% del PIB en la actualidad).

El primer cambio que plantean es que las empresas tengan un «precio competitivo» de la energía y que estos costes sean equivalentes a los que soportan en otros países europeos. «En el sector químico, cementero, metalúrgico, siderúrgico, en el del caucho o el del vidrio, el coste de la energía es un elemento crítico, representa el 40% del valor añadido bruto», explicó Ulacia. Por eso, desde la patronal proponen «definir un precio de la energía industrial» que saque del recibo los costes ajenos al suministro eléctrico (como los costes de política territorial, fomento de las renovables o las anualidades para la financiación del déficit) para llevarlos a los Presupuestos del Estado y que «no penalicen la competitividad».

Además, el informe establece la necesidad de desarrollar infraestructuras comerciales (corredores ferroviarios con ancho UIC, entre otros); impulsar la colaboración público-privada; hacer una I+D más cercana a las pymes e incorporar sistemas de rendición de cuentas y criterios de evaluación a la hora de asignar recursos a las universidades (patentes realizadas, creación de nuevas empresas...). Otras recomendaciones son reducir las cotizaciones sociales, compensar tributos con deudas de la administración, flexibilizar los sistemas de contratación, promover la internacionalización y un mayor tamaño de las empresas, facilitar la digitalización e impedir que la legislación en materia de cambio climático y de comercio de derechos de emisión sitúe a las empresas españolas en desventaja competitiva.

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