El Gobierno descarta desvelar si Juan Carlos I se acogió o no a la amnistía fiscal

Montero, Celaá y Ábalos. / Efe

«Afortunadamente, las grabaciones no afectan a Felipe VI, son antiguas y ni las consideramos», dice Celaá sobre los audios de Corinna

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno de Pedro Sánchez no revelará si Juan Carlos I fue una de las 30.000 personas que en 2012 se acogieron a la aministía fiscal impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A pesar de que en la oposición el secretario general del PSOE se comprometió a hacer público el listado de los beneficiados por aquella medida, la ministra María Jesús Montero argumentó ayer que tras haber estudiado las posibilidades de una reforma legal se ha llegado a la conclusión de que no será posible.

La principal razón esgrimida por la titular de Hacienda para incumplir la promesa del hoy jefe del Ejecutivo fue que, aunque se elabore una norma para garantizar la transparencia en casos similares -es decir, en casos en los que se ofrezca a los evasores fiscales regularizar su situación con el incentivo de tributar a un tipo mucho menor del que les habría correspondido y, por supuesto, de la multa a la que se enfrentarían en caso de ser descubiertos-, en ningún caso se podría aplicar de manera retroactiva.

Las sospechas de que el exjefe del Estado pudo ser una de las personas que hicieron uso de esa suerte de indulto fiscal para blanquear parte de su patrimonio, como hicieron, hasta donde se sabe, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, Rodrígo Rato, los Pujol o los Franco, parten de las grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo y publicadas por 'El Español' y 'Ok Diario', en las que la consultora alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein asegura que don Juan Carlos la utilizó como testaferro y poseía cuentas en Suiza a nombre de su primo.

En esos audios -correspondientes supuestamente a una conversación mantenida en 2015, en un hotel de Londres, entre el excomisario y empresario hoy en prisión, la durante algunos años «amiga entrañable» del Rey y el expresidente de Telefónica Juan de Villalonga, amigo de ambos- se puede oír también como la empresaria alemana relata que el ex jefe del Estado cobró comisiones de Arabia Saudí por el AVE a la Meca y que aprovechó la medida de Montoro para repatriar dinero a España.

Sánchez prometió en la oposición hacer público quién se benefició del 'indulto' de Montoro

El pasado miércoles, durante su comparecencia en el Congreso para explicar las prioridades de su ministerio, algunos diputados ya preguntaron a Montero si Hacienda abriría una investigación para dilucidar si tales afirmaciones son ciertas. Lo hizo, entre otros, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel. La ministra contestó hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que a la Agencia Tributaria no le está permitido ofrecer información de actuaciones sobre ningún contribuyente.

Excepciones

Efectivamente, la ley general tributaria regula en su artículo 95 el «carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria» y fija 12 supuestos en los que esta información puede ser cedida. La mayor parte hace referencia a procedimientos judiciales, pero también se regula la posibilidad de ceder datos que tengan por objeto «la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación».

Esa es la razón por la que Unidos Podemos anunció ayer su intención de registrar una petición para abrir en el Congreso una comisión de investigación. Fuentes parlamentarias sostienen, aun así, que está llamada al fracaso porque con toda seguridad los letrados considerarán que la Cámara baja no tiene competencias para controlar a la Casa Real. Aunque don Juan Carlos ya no es inviolable y cabe exigirle responsabilidades penales y civiles ante el Tribunal Supremo por aquellos hechos cometidos antes o después de su reinado, a efectos institucionales es Familia Real.

Precisamente por eso, las informaciones publicadas tienen impacto también sobre el prestigio de la Corona. Pese a todo, la ministra portavoz, Isabel Celáa, salió al quite sobre este asunto y concluyó: «Afortunadamente, las grabaciones no afectan al jefe del Estado, Felipe VI, son antiguas y ni las consideramos».

 

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