Cataluña, donde más se paga por ser dueño de una casa

En Tarragona, Gerona y Lérida el tipo del IBI es más gravoso, aunque los mayores ingresos por habitante los recaudan Madrid, Castellón y León

EDURNE MARTÍNEZ

madrid. Tarragona, Lérida y Gerona son las tres capitales de provincia en las que más se paga por el impuesto de bienes inmuebles (IBI), teniendo en cuenta los tipos impositivos que aplica cada municipio. El ayuntamiento de Tarragona aplica un gravamen del 0,953%, y el de Lérida llega al 0,943%, mientras en Gerona queda en el 0,907%. Sin embargo, es destacable que estas tres ciudades no aparezcan en la cabeza de la lista de los consistorios que más ingresan en IBI por habitante, que son Madrid (438,9 euros por persona), Castellón (419,8) y León (407,3), debido probablemente al mayor valor de los propios inmuebles.

Al contrario, las tres capitales donde el gravamen es menor son Albacete (0,452%), Málaga (0,451%) y Toledo (0,446%).Y donde menos ingresan los ayuntamientos por IBI por habitante es en Bilbao (148,9 euros), Melilla (106,8) y Ceuta (87).

En el informe 'Panorama de la fiscalidad local 2018', presentado ayer por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), se constata que con el IBI -el principal instrumento fiscal de los municipios, aunque Hacienda fija los parámetros globales- las administraciones locales recaudan el 28% de sus ingresos totales y «es el tributo que ha sostenido su financiación durante la crisis».

María José Portillo, la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia que ha liderado el estudio, señaló durante la presentación que la mayor parte de la recaudación de los ayuntamientos proviene año tras año del IBI, «sin distinción entre grandes y pequeños municipios, por lo que para todos es su principal fuente de financiación».

Asimismo, al objeto de desligar los recursos de las haciendas locales del sector inmobiliario podrían buscarse fuentes de financiación alternativas, apuntan desde el Consejo General de Economistas. Su presidente, Valentín Pich, pidió una reforma de la financiación autonómica que permita reordenar toda la fiscalidad y acometer la modernización de la tributación medioambiental.

 

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