Bruselas no indemnizará por el Popular al alegar que 'salvó' 22.705 millones en pérdidas

Bruselas no indemnizará por el Popular al alegar que 'salvó' 22.705 millones en pérdidas

La JUR se basa, de nuevo, en un informe de Deloitte para decir que accionistas y acreedores «no habrían recibido mejor trato» de haber ido a un concurso

J. A. BRAVO MADRID.

Los accionistas y acreedores afectados por la polémica «decisión de resolución» del Banco Popular, ejecutada por el FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a instancias de las autoridades europeas el 7 de junio de 2017, «no habrían recibido mejor trato si se hubiera sometido a un procedimiento de insolvencia ordinario, comparado con el trato recibido».

Así lo concluye la Junta Única de Resolución (JUR), uno de los mecanismos de la Unión Bancaria implementados por la Comisión Europea y los Veintiocho, en su decisión «preliminar» sobre la «potencial» concesión de una indemnización a ambos colectivos. Y si bien todavía no ha tomado una determinación definitiva -ha abierto un procedimiento de «audiencia» para los afectados, que tienen desde ayer hasta el 14 de septiembre para registrarse en la JUR (https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard) y solicitar el ejercicio de ese derecho-, si viene a confirmar la tesis de su presidenta, la alemana Elke König, que ya veía «muy improbable» que hubiera indemnizaciones.

En esta tesitura, a accionistas y acreedores solo les quedaría la vía judicial, tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la penal -en ambos casos el asunto ya está en la Audiencia Nacional-, así como en demandas civiles ante los juzgados de Primera Instancia. Asimismo, sigue abierto el camino ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Según la auditora Deloitte, que ha realizado también este tercer informe de valoración -al igual que los dos anteriores-, esas «contingencias legales» podrían suponer un coste en compensaciones de entre 1.790 y 3.450 millones de euros. Para el bufete Navas & Cusi, «lo significativo será lo que resuelva la justicia europea», aunque matiza que el Santander, «actual responsable» del Popular, «debe de responder a las legítimas demandas» de los socios.

«Decepción, no sorpresa»

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) no espera mucho del proceso de alegaciones en la JUR, al creer que solo lo hace para «lavar su imagen» porque devolver el dinero «sería como reconocer que no tomó la decisión correcta». A su vez, los grandes fondos que tenían bonos del Popular (Pimco, Anchorage y Algebris) están «decepcionados, pero no sorprendidos» con el último informe de la Junta, a la que critican por no haber elegido otra auditora «con un enfoque no contaminado».

Deloitte vuelve a establecer en su tercer dictamen varios escenarios posibles, en este caso tres conforme a lo que se podría haber obtenido en función de la duración de un posible concurso de acreedores del Popular. Y en todos habría pérdidas abundantes respecto al balance de 126.300 millones de euros en activos que el banco tenía el 6 de junio, justo antes de decidir su resolución.

«En el peor caso», con un proceso concursal rápido (18 meses) sin esperar a que esos activos recobraran parte del valor perdido, el balance recuperado no pasaría de 95.078 millones. Y «en el mejor escenario», llegando a siete años, la suma se elevaría a 104.114 millones. Si atendemos a las amortizaciones a realizar, en un procedimiento acreedor de solo año y medio podrían dispararse a 34.144 millones, aunque si se esperaran siete años cabría reducirlos a 23.444 millones. Por eso, considerando que con la polémica «resolución» ascendieron a 11.439 millones, la JUR sugiere que 'salvó' 22.705 millones.

Y ello, avisa el «valorador» -como se denomina a la auditora- «sin tener en cuenta el impacto de liquidación de la entidad, uno de los principales bancos de España, sobre el resto del sector y la economía española, que podría haber contribuido al deterioro de las condiciones macroeconómicas y, en consecuencia, a una menor capacidad de recuperación en una hipotética insolvencia».

En los tres escenarios los acreedores de renta variable y subordinados -incluidos accionistas y bonistas- «habrían sufrido pérdidas equivalentes al 100% del valor de sus derechos», esto es, «no hay diferencia» con lo que les pasó tras la controvertida decisión que adoptó la JUR.

Si la habría, por el contrario, para los acreedores no asegurados -por ejemplo, clientes con depósitos de más de 100.000 euros- que, con la liquidación más benévola para ellos (en un plazo de siete años), habrían perdido 3.300 millones (el 13% de sus derechos). Con un plazo intermedio (tres años) su perjuicio habría sido de, al menos, 5.800 millones (el 24% de sus derechos) y en el peor escenario posible (a 18 meses) incluso perderían 14.000 millones (el 54%).

 

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