¿UNA AUTORIDAD O UN SIMPLE INTERMEDIARIO?

RAFAEL RUBIO - ANALISTA DE MERCADOS

Las mal gestionadas sentencias del Tribunal Supremo sobre la fiscalidad de las hipotecas han permitido al Gobierno de Pedro Sánchez proponer la creación de un organismo de defensa de los clientes bancarios. Con muy diversos nombres, tal propuesta ha estado siempre en la cartera de los últimos gobiernos desde que en 2008 el grupo de los ocho países más desarrollados (G-8) sugiriera su creación como una de las fórmulas para aliviar las duras consecuencias para los ahorradores de la crisis que acababa de iniciarse.

La verdad es que sólo Obama -y es seguro que Donald Trump lo negaría- logró desarrollar tal propuesta hasta convertirla en un organismo efectivo contra los abusos cometidos por el sector financiero.

En España, todo han sido vanos intentos desde entonces que chocaron siempre con el mismo problema: ¿cómo hacer que las decisiones de ese organismo fueran vinculantes para las entidades financieras? Porque crear una Autoridad Independiente para la Defensa del Cliente Bancario no es complicado. Lo difícil es dotarla del contenido adecuado para que sea algo más que un simple intermediario entre los bancos y sus clientes hasta impedir que cualquier diferencia entre las partes deba resolverse en los juzgados.

Sólo hay una solución: lograr el compromiso de las entidades financieras que desean adherirse libremente a asumir las decisiones que adopte tal autoridad. Cualquier otra vía chocará con la posibilidad de que un conflicto de este tipo termine en los juzgados, con lo que cualquier autoridad no será mucho más que el actual servicio de reclamaciones del Banco de España.

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