AUMENTAN LOS FUNCIONARIOS: ¿POR CLIENTELISMO?

España cuenta con 2.583.494 empleados públicos, cifra que cuadriplica la de 1978. La cantidad todavía parece mayor porque hace 40 años no existía el actual desarrollo informático y hacía falta más personal. Este volumen se puede justificar, en parte, por la exuberancia regulatoria de los consistorios, los parlamentos y el Congreso. También porque España tiene diez millones más de habitantes. Sin embargo, resulta innegable que se necesitarían menos funcionarios si se eliminasen las duplicaciones de servicios de las administraciones. Del mismo modo, hay cámaras autonómicas que legislan en exceso solo por alardear de elementos diferenciales. No son conscientes de que la promulgación de una ley innecesaria no sale gratis, pues los costes jurídicos de la 'jungla burocrática' repercuten en los ciudadanos.

El porcentaje de empleo público en España asciende a un 16%, cifra inferior a la de la media de la OCDE (18%). Eso sí, la comparativa resulta compleja, pues los efectivos sanitarios de algunos países, como Alemania, se adscriben al sector privado. Otras diferencias son: 1) el mayor coste del personal de nuestra Administración respecto a la media de la OCDE; 2) su menor productividad; y 3) que la plantilla está más envejecida. En cuanto al primer punto, se explica porque, pese a que los funcionarios españoles en puestos de un nivel profesional superior reciben una peor retribución que la media homologable dentro de la OCDE, los de escalafones inferiores la tienen mejor. En lo referente al segundo punto, para favorecer la eficiencia, sería conveniente que contaran con algún tipo de incentivo por buen desempeño.

Si revisamos el porcentaje de empleados públicos sobre el censo en las comunidades, las campeonas son Extremadura (8,24%), Aragón (7,04%), Castilla y León (6,77%) y Castilla La Mancha (6,16%). Coincide, además, que esas cuatro regiones presentan también la menor densidad de población, lo que encarece algunos servicios públicos. La quinta comunidad es Madrid, lógico al tratarse de la sede principal de la Administración del Estado. Las que tienen menos personal público son Cataluña (4,18%), Comunidad Valenciana (4,78%) y Baleares (4,96%). Las tres contribuyen al PIB del sector turístico en la proporción más elevada y su densidad de población es alta.

En cuanto a la variación de empleados públicos entre julio de 2015 y el mismo mes de 2018 (periodo que abarca la legislatura de muchas las CC AA que van a las urnas el próximo 26 de mayo), las tres regiones donde éstos han aumentado más son Navarra (10,83%), Cataluña (5,19%) y la Comunidad Valenciana (5,19%). Tal vez se trate de una pregunta pertinente si estos incrementos responden a prácticas clientelistas derivadas del corte nacionalista de algunos de estos Gobiernos. En el caso de Cataluña, aunque pueda influir, partía de una menor proporción de funcionarios cuando tomó posesión su último Ejecutivo. Tan sólo en Navarra las cifras apoyan ese supuesto clientelismo, porque, en la ratio de trabajadores públicos, estaba situada ya muy cerca de la media española.

 

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