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La AIReF duda que la tasa a la banca suba el crédito

El presidente de la Autoridad Fiscal cree que «hay que analizar» el impacto de nuevas figuras tributarias para pagar las pensiones

JOSÉ M. CAMARERO

Miércoles, 20 de junio 2018, 00:47

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santander. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha aclarado que aún es pronto para valorar el impacto que pueda tener la implantación de un impuesto a la banca como para avanzar que provocará un incremento del coste de los créditos. «No está claro», afirmó ayer, un día después de que el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, advirtiera sobre esta posibilidad si finalmente el Gobierno opta por implantar una tasa que grave las actividades bancarias o las transacciones financieras. En una conversación con varios medios de comunicación tras su intervención en el curso de verano de la UIMP en Santander, Escrivá puntualizó que primero es necesario «estudiar» así como «analizar» los impactos que pueden tener este tipo de medidas en el sector bancario.

Para José Luis Escrivá, ese impuesto sí sería soportado por los clientes si el sistema financiero operase en régimen de monopolio, mientras que en un sector en el que hay competencia, como es el caso de la banca, no tendría por qué ser así inevitablemente, sino que dependerá de las microestructuras del mercado.

En este sentido, puso como ejemplo lo ocurrido hace más de una década con las provisiones contracíclicas impuestas por el Banco de España a las entidades para hacer frente a posibles cambios de ciclo y poder utilizarlas en caso de necesidad. En aquel momento, las entidades también avisaron sobre los costes y efectos que tendría esa obligación para sus clientes sus clientes, algo que posteriormente no se cumplió.

Durante su intervención en la UIMP, Escrivá recordó los cálculos de la Autoridad Fiscal sobre la subida de las pensiones ligada al IPC. El organismo cifra en 2.700 millones de euros el aumento del gasto por tomar esa medida en 2018 y 2019. De esa cantidad 700 millones corresponden a la subida de prestaciones por viudedad al incrementarse la base reguladora.

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