La Comisión exige a Bélgica cobrar 700 millones a 35 empresas por abuso fiscal

Margrethe Vestage, comisaria de Competencia. :: AFP/
Margrethe Vestage, comisaria de Competencia. :: AFP

Bruselas considera ilegal el sistema implantado en 2005 que permitía a las multinacionales minorar el pago del Impuesto de Sociedades hasta el 90%

ADOLFO LORENTE BRUSELAS.

«Anuncio de un caso por ayudas de Estado». Cuando a primer hora de la mañana se anuncia comparecencia 'sorpresa' de la comisaria europea de Competencia se hace el silencio en los pasillos de la Comisión. Los países que no tienen causas pendientes se cuentan con los dedos de una mano y España, precisamente, no está entre ellos -todavía está pendiente de resolverse el asunto del fútbol español, por ejemplo-. Ayer, el varapalo político de la danesa Margrethe Vestager se lo llevó Bélgica, país al que el Ejecutivo comunitario exige cobrar unos 700 millones a 35 multinacionales que desde 2005 se han beneficiado de un marco fiscal que vulnera las reglas de la libre competencia de la UE. En realidad, no se trata de recuperar, porque nunca se ha dado ese dinero. Lo que se pide es que abonen todo lo que deberían haber pagado. Dicho de otro modo, que pese al tirón de orejas, el ministro belga de Finanzas está frotándose las manos por contar con 700 millones que no pensaba tener y que le ayudarán a cuadrar unas cuentas vigiladas por Bruselas.

«Bélgica ha dado a un selecto número de multinacionales ventajas fiscales sustanciales que infringen las normas de la UE sobre ayudas estatales. El régimen falsea la competencia basada en el mérito al poner en desventaja a los pequeños competidores que no son multinacionales», zanjó Vestager, quien se mostró muy crítica sobre un sistema que el pequeño país aplica desde 2005. «Hay muchas formas legales de que los países de la UE subvencionen la inversión y muchas buenas razones para invertir en la UE. Ahora bien, si un país concede a algunas multinacionales beneficios fiscales ilegales que les permiten eludir el pago de impuestos sobre la mayor parte de sus beneficios reales, esto perjudica seriamente la competencia leal en la UE y a sus ciudadanos»

Los fantasmas del 'Luxleaks'

Lo que se ha declarado ilegal es el programa bautizado 'Sólo en Bélgica' que el Gobierno impulso hace una década para atraer a las grandes multinacionales. 'Grosso modo', lo que se les ofrecía era una reducción de entre el 50% y el 90% de su base imponible del Impuesto de Sociedades en base al atenuante llamado «beneficios excesivos», es decir, aquellos que obtuvieron por el simple hecho de pertenecer a una multinacional -se tienen en cuenta sinergias, economías de escala, reputación, redes de clientes y proveedores, acceso a nuevos mercado...-. Lo que se hacía era una simulación sobre lo que hubieran ganado en caso de ser una firma independiente y establecer resoluciones 'ad hoc' con validez para cuatro años.

Es lo se llaman 'tax rulings', trajes fiscales a medida de las multinacionales que existen en la gran parte de Estados miembros y que aunque son legales, éticamente dejan mucho que desear. No hay que olvidar que el término 'tax ruling' se ha convertido en el enemigo público número uno de Bruselas desde que a finales de 2014 estallase 'Luxleaks', un escándalo de considerable envergadura protagonizado por Luxemburgo en la era Jean-Claude Juncker, ahora presidente de la Comisión. Ayer, de hecho, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, resaltó en la Eurocámara la voluntad de su Ejecutivo para combatir estas prácticas y para que «los impuestos se paguen donde se generan los beneficios», como recalcó horas antes Vestager.

No obstante, la comisario danesa matizó que esta investigación es «independiente» del caso 'Luxleaks' y recordó que recientemente, exigieron a Luxemburgo y Holanda que cobrasen «entre 20 y 30 millones» cada uno a Fiat y Starbucks, respectivamente, por haberse beneficiado de esquemas fiscales ilegales. Respecto al caso belga, eludió publicar la identidad de las empresas afectadas pero sí matizó que la gran mayoría son de origen europeo -deberán pagar unos 500 de los 700 millones-. Mirándolo con perspectiva, la factura final es relativamente benévola ya que la media a pagar por estas grandes compañías es de 20 millones cuando sus facturas anuales medias son de cientos de millones.