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J. A. B.
MADRID.
Martes, 8 de agosto 2017, 00:06
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Más de 20.000 accionistas de Banco Popular ya han presentado distintos tipo de iniciativas judiciales -incluidas querellas por varios delitos y acciones contra el Gobierno- por su polémica resolución el pasado 7 de junio, cuando fue vendido por el precio simbólico de un euro al Santander al considerar que sus problemas crecientes de liquidez lo dejaban al borde de la quiebra. Las últimas han presentarse han sido sendos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE, dado que la decisión partió de un órgano comunitario como la Junta Única de Resolución (JUR) y de la propia Comisión Europea.
En esos escritos, que ayer formalizaron tres bufetes distintos en nombre de más de 7.000 pequeños inversores, se solicita la nulidad de aquellas medidas y se reconoce que la entidad tenía un problema de liquidez, «pero no de solvencia». Por eso piden que un perito independiente determine «una compensación equivalente al valor neto de sus activos» en ese momento.
No obstante, desde el despacho B. Cremades & Asociados demandan que cuanto menos suponga el precio al que cotizaban sus acciones el 22 de mayo. En esa fecha comenzó el desplome final de su valor por varios días ante la presión de las ventas bajistas y entre rumores sobre su delicada situación financiera, e incluso un rescate.
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