Villar se desmarca de las contrataciones presuntamente fraudulentas de la Federación

Villar ha declarado que no tuvo nada que ver con los contratos presuntamente fraudulentos por los que se le investiga dado que no era su labor dedicarse a esos asuntos, según han señalado fuentes jurídicas, y ha depositado la responsabilidad en la Secretaría General de la Federación. El expresidente, que estaba citado a las 10:30 horas ha abandonado la Audiencia Nacional 75 minutos después, con gesto serio y sin querer hacer declaraciones.

El interrogatorio llevado a cabo por el juez Pedraz versaba sobre pagos como los recibidos por Adolfo Gil de la Serna, que entre 1999 y 2018 habría percibido 283.246 euros y Julio Pérez Tomé, que desde 2009 y hasta 2016 se habría embolsado al menos 200.000 euros, justificados en contratos presuntamente ficticios y firmados a sabiendas de que ninguno de ellos prestaba ningún servicio. Durante su declaración, Villar ha alegado que la firma de ese tipo de contratos dependían de la Secretaría General de la Federación y la comisión económica y no eran su responsabilidad directa pues como presidente, no estaba en este asunto ni conocía los pormenores.

Otro de los motivos de la investigación es la subvención que recibió la Federación Cántabra de Fútbol para la remodelación del Campo de Tanos y para lo que el juez ha citado como testigo al ex secretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal, que ostentaba el cargo cuando se concedió esa ayuda pública. Su declaración se llevará a cabo el próximo mes de abril.

También ha eludido la responsabilidad, por no ser competencia directa suya, del cobro por parte de Dora de Pedro Muñoz de una cantidad superior a 80.000 euros en 2006 y 2009 en concepto de una jubilación que no se habría producido dado que ella seguía cobrando -unos 70.000 euros de media anual entre 2010 y 2016-, de acuerdo a la investigación.

Además de estos pagos presuntamente fraudulentos, al expresidente de la Federación Española de Fútbol Villar se le imputan los pagos al hijo del presidente de la Federación Melillense de Fútbol, Diego Martínez, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016. Unas cifras que se abonaron como una aparente contratación de servicios acordada en las oficinas centrales de la Mupresfe cuando él la presidía y a cuenta de la Federación. Martínez, que estaba citado media hora antes de Villar, ha afirmado que aquellos dos contratos por servicios informáticos fueron legales y ha detallado ante el juez las condiciones en que se firmaron y recibió la retribución.