El Tribunal Superior de Navarra mantiene la pena de 9 años por abuso sexual a La Manada

El miembro de La
Manada Ángel Prenda 
llega a los juzgados 
de Sevilla. /  R. CARO / EFE
El miembro de La Manada Ángel Prenda llega a los juzgados de Sevilla. / R. CARO / EFE

La sentencia, con dos votos discrepantes, será recurrida ante el Supremo por todas las partes

DOMÉNICO CHIAPPE MADRID.

En el caso de La Manada, ambas partes, acusación y acusados, apelaron. La víctima y la Fiscalía porque, como gran parte de la sociedad, entendían que la condena por abuso sexual era benévola. Los otros porque, como el magistrado de la Audiencia provincial Ricardo González en su voto particular, sostenían que hubo consentimiento en lo ocurrido en Pamplona aquella madrugada de los Sanfermines de 2016.

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, emitida el 30 de noviembre y conocida ayer, no hubo unanimidad de criterio, como tampoco la hubo en la de la Audiencia Provincial de marzo. La «tenue» línea que separa la agresión del abuso en materia sexual es tan fina como pronunciar la palabra 'no', bajo el escrutinio interpretativo de los jueces. En esta decisión tres de los cinco magistrados coincidieron con la mayoría que juzgó el caso por primera vez -dos de tres jueces- y ratificó el fallo primigenio, excepto en lo que concierne al delito contra la intimidad. Los cinco integrantes de La Manada -conocidos así por uno de los grupos de whatsapp al que pertenecían Ángel Boza, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Antonio Guerrero- cometieron abuso sexual contra la joven madrileña de 18 años, cuya identidad está protegida, y deben ser condenados a nueve años de prisión, tal como se dictaminó en primera instancia.

El Tribunal Superior desestima los recursos de apelación, al considerar probado que la víctima presentó «ausencia y embotamiento de sus facultades superiores», debido a la «conducta sorpresiva de los acusados» y al «contexto opresivo y humillante, mediando su desvalimiento, aprovechando una desproporción abusiva de fuerzas, y sirviéndose de una situación de superioridad por razón de género, edad y actuación en grupo».

La sentencia del tribunal presidido por Joaquín Galve Sauras -que emitió un voto discrepante- define así lo sucedido en el portal: «pasividad doliente de la víctima» frente al «abusivo comportamiento de los acusados». Probadas la manifiesta superioridad y la conciencia de su posición de dominio de los atacantes, la sentencia enfatiza que «la constatación de no haber expresado o manifestado la víctima su oposición a la relación sexual (...) no puede ser percibida como un asentimiento».

Desestimados todos los puntos destinados a rebajar las penas, la apelación dirimió también lo contrario: aumentar la calificación del delito. Pasar del «abuso con prevalimiento» a la «agresión con intimidación». La amenaza, sostenía la acusación, estaba en el «escenario de opresión» y la «atmósfera coactiva». En ese aspecto coincidían las acusaciones.

La Fiscalía expuso que «cualquier persona razonable asumiría la inutilidad de una oposición a tamaña agresión, que solo conduciría a la víctima a sufrir males mayores. Y en consecuencia la agredida se pliega a la voluntad de los agresores, sin opción de expresar una negativa, por más que no haya habido una amenaza explícita. Si en las mismas circunstancias los agresores se hubieran limitado a quitarle la cartera, nadie dudaría de calificarlo como robo con intimidación o violencia, «sin exigir una negativa u oposición explícita de la víctima».

Sin intimidación

El tribunal desestima estos argumentos basándose en la «definición legal» de los delitos, que establecen que en la agresión debe haber violencia, algo que no habían planteado las acusaciones. En la «sutil línea» que separa un delito de otro está la diferencia entre intimidación y prevalimiento. «La mayoría de la sala entiende que la calificación agravatoria de los hechos como agresión presupone inferir una fuerza o amenaza, siquiera fuera implícita (...) Los hechos probados de la sentencia recurrida, insistimos, no describen una acción intimidatoria, la exigible amenaza, ya sea explícita o tácita». El argumento de la intimidación ambiental es rechazado porque no hubo «una 'puesta en escena' ni un 'plan preconcebido'».

Finalmente la sentencia dice que «el abuso no parece haberse obtenido doblegando la víctima por la fuerza física o el constreñimiento de un mal inminente y grave que los acusados hubieran manifestado».

El caso de La Manada llegará finalmente al Tribunal Supremo ya que las partes -tanto víctima y Fiscalía, como los condenados- anunciaron ayer mismo que recurrirán la sentencia. Hasta entonces los cinco sevillanos seguirán en libertad.

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