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Jueves, 7 de septiembre 2017, 01:01
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En el año 2014, la entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, logró, en una sentencia pionera, que un juez de lo Penal condenara a un joven por un delito de injurias por sus comentarios en las redes sociales. El tuitero tuvo que pagar 300 euros de multa, mil euros de indemnización y las costas del juicio tras un acuerdo de su abogada con la Fiscalía y los letrados de Cifuentes, que pedían en origen cuatro años de cárcel. Además tuvo que pedir perdón a la cara a la delegada en la sala de vistas por los insultos a la política del PP. Tras el juicio, Cifuentes subrayó una idea que va parece que va calando en la sociedad: «Lo que es delito en la vida real también lo es en la vida virtual».
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