El oficio más viejo en el viejo Logroño

No somos partidarios de hacer a la mujer médico, abogado o ingeniero –afirmaba en 1890 el médico higienista Donato Fernández, autor de una memoria sobre el servicio de 'higiene especial' en el hospital civil de Logroño– . Nos parecen ridículos esos títulos con faldas, pero aun con eso nunca será sobrado ilustrada la mujer para cumplir la altísima misión que le está reservada, llamada a convertir en templo el hogar, y en altar la cuna. La mujer lleva en su ignorancia el germen de su perdición».

Semejante expresión de misoginia decimonónica está hoy día ampliamente superada tras más de un largo y duro siglo de conquistas feministas y, sin embargo, continúa sin resolver el debate sobre la prostitución, si regularla o abolirla. Un estudio de la Universidad de La Rioja (UR) se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX para analizar un momento histórico en el que trató de abordarse la cuestión –con escaso éxito– desde preceptos higienistas pero con un pesado lastre moralizante y una hipocresía social que todavía mueve a la reflexión.

Según Marina Segovia y Javier Zúñiga, autores del trabajo, la mentalidad de la época tendía a consentir, aunque con desprecio, el comercio sexual y a justificar su regulación a partir de un intolerable pero socialmente tolerado prejuicio machista: «Entendido el impulso sexual como un instinto incontrolable e inherente al género masculino, la prostitución parecía la forma más idónea de liberar pulsiones sexuales y proteger la honra de las mujeres consideradas decentes».

La fundamentación científica de los discursos higienistas y la valoración social de la figura del médico «favorecieron la aceptación de los planteamientos reglamentistas por parte de la burguesía progresista», un regulacionismo basado en el control higiénico para reducir el alarmante contagio de enfermedades venéreas. El origen de ese modelo se remonta a la Ilustración, que contemplaba el problema desde una perspectiva moral, política, económica y sanitaria, pero lo resumía en dos prioridades: sanidad y orden público.

Consecuentemente, el objetivo de las autoridades era frenar los contagios y controlar el comportamiento de las prostitutas. El modelo inglés, de mediados del siglo XIX, tendió a una forma de legalización que exigía a las mujeres ser inscritas en un registro y someterse a análisis ginecológicos forzosos, al tiempo que autorizaba su detención. El modelo francés, el más imitado en el resto de Europa, legalizó los burdeles regidos por una madame, con pupilas que debían portar una cartilla sanitaria y pasar dos inspecciones médicas semanales.

En España, el reglamento de 1847 «para la represión de los excesos de la prostitución» en Madrid puso fin al paréntesis abolicionista desde Felipe IV y sentó las bases de la regulación en otras ciudades. Alcaldes y gobernadores civiles se disputaban la recaudación de tasas y el control de la seguridad ciudadana. Logroño no fue ajena a esta tendencia general y en 1889, tras un proceso marcado por la polémica entre Ayuntamiento y Gobernación, promulgó su propio Reglamento de Higiene.

Al igual que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, en las capitales de provincia el lenocinio se concentró en las zonas más deprimidas. Las autoridades locales trataban de apartar del espacio público esta actividad «de mala nota». En Logroño, aunque también había mancebías próximas al centro urbano, la mayoría de las registradas como 'públicas', unas doce, fueron deliberadamente empujadas al barrio de La Villanueva.

«Se trataba –explica el estudio– de una de las zonas más pobres, por lo que los alquileres eran bajos y las quejas vecinales adquirían menor importancia. Además, se encontraba cerca del cuartel de Caballería y del correccional, fuentes de clientela habitual. La estrechez de sus calles –la calle del Ochavo, entre los Baños y Hornos, sigue siendo actualmente la más estrecha de la ciudad– colaboraba a la hora de restar visibilidad al negocio».

La prostitución se ejercía en mancebías dirigidas por un 'padre' o una 'madre', lo más habitual. A sus órdenes, las 'pupilas' eran por lo general mujeres jóvenes, de entre veinte y treinta años en su mayoría, aunque también había muchas menores a partir de quince años y menos de hasta cuarenta. De las 118 mujeres registradas entre 1889 y 1892 por el Negociado de Higiene de Logroño, el mencionado médico Donato Fernández, con la doble moral de su tiempo, distinguía entre unas ochenta que ejercían «por su situación económica» y el resto, «que responden al patrón de mujer 'caída'», es decir «mujeres seducidas o abandonadas a su suerte».

Eran en su mayor parte analfabetas; solo dieciocho sabían leer y escribir. Es esta circunstancia lo que llevaba a afirmar al higienista –supuestamente un hombre de ciencia– aquello de que «la mujer lleva en su ignorancia el germen de su perdición». Lo cierto es que muchas de ellas provenían del entorno rural o de otras ciudades, por lo que, «carentes de lazos familiares, debieron desarrollar sus propias redes de sociabilidad y cuidados».

Una consecuencia de la regulación fue convertir en condición definitiva una práctica puntual en los casos de mujeres de clase obrera que, en momentos de aguda escasez, recurrían esporádicamente a la prostitución pero quedaban registradas y socialmente marcadas a perpetuidad.

Además, a menudo fueron «objeto de abusos y una violencia extrema» en todos los órdenes, tanto por parte de clientes y proxenetas como de policía y jueces. El 21 de octubre de 1897, por ejemplo, Santiago Robles fue juzgado por el asesinato de Jenara López Santamaría, una pupila, tras una riña en la calle Ruavieja. El homicida, que en ningún caso negó los hechos, se justificó por un arrebato de «irresponsabilidad». Terminó siendo absuelto y aclamado a la salida del juzgado.

En junio de 1902, Juliana López, de la mancebía de Vicenta Tobía 'la Garbancera', murió a manos de Pedro Íñigo Moreno. Él quería casarse, pero, al ella negarse, le disparó a bocajarro y luego se suicidó también en Ruavieja. Para el periodista, Juliana solo era «una desgraciada, como lo son todas las que se revuelven en el torbellino de la prostitución», el negocio de «los actos relajatorios».

Las crónicas de este tipo de sucesos se recreaban así, sin ninguna consideración hacia la víctima. Pero no eran más censurables los reporteros que higienistas, filósofos, reformadores morales o políticos, la sociedad en general, que «defendía la maternidad como destino biológico ineludible para la mujer al mismo tiempo que justificaba el acceso a los cuerpos de las 'mujeres públicas' o 'caídas'». Aunque el término no se usaba en aquel tiempo, en realidad no era otra cosa que explotación sexual.