La negociación del pacto educativo llega a un punto clave con el debate de la financiación

El PSOE y Podemos esperan con interés a conocer la propuesta y la actitud del PP porque creen que, más allá de las actuales buenas palabras, les va a servir para medir el grado de compromiso real del Gobierno en la búsqueda de un gran pacto educativo, para comprobar si de verdad apuesta por abandonar la senda de los recortes y por tratar de acercar el volumen anual de inversión y la partida de becas en España a las medias de los países más desarrollados, de las que están muy lejos.

Para Mari Luz Martínez Seijo, la portavoz socialista en la subcomisión parlamentaria, «si no logramos acordar unos mínimos de financiación garantizados, el pacto educativo no tendrá ninguna credibilidad», e incluso el acuerdo puede estar en peligro. Lo mismo defiende Javier Sánchez, representante de Unidos Podemos, que adelantó, no obstante, que su grupo seguirá trabajando en la mesa de negociación, pase ahora lo que pase. No obstante, advirtió de que «si no hay un compromiso fuerte de financiación, el pacto educativo al que se pueda llegar estará aguado y no se le podrá llamar así», porque como mucho, matizó, serán «unos acuerdos parciales y de mínimos».

Los socialistas exigirán durante las negociaciones, como suelo de mínimos para un acuerdo de financiación, la garantía de que el gasto educativo subirá cada año y que alcanzará el 5% del PIB, la media de la UE, en 2025 como muy tarde. De igual manera, demandarán que, a largo plazo, el pacto contemple que la inversión educativa llegue al 6% de los países punteros. Todo lo que no sea volver lo antes posible al 5%, indican, dejará en papel mojado objetivos irrenunciables para un acuerdo como mejorar la formación del profesorado, aumentar las plantillas y bajar las ratios por aula, potenciar los idiomas, aumentar las becas, desarrollar y mejorar la FP, y ampliar los refuerzos educativos y las políticas de inclusión.

Podemos pedirá mucha más celeridad. Quiere que el gasto educativo llegue al 5% del PIB ya en 2020 y que siga su avance hasta el 6%, en 2022, y el 7%, en 2024. Entre los proyectos que considera urgente está crear una red pública escolar para niños de 0 a 3 años, con un coste aproximado de 3.000 millones.

Ciudadanos considera «una irresponsabilidad» dar ahora una cifra de mejora mínima sin determinar antes qué reformas se incluirán en el pacto y su coste. «Lo que es esencial -dijo Marta Martín- es elaborar una memoria económica, basada en el coste por alumno, y blindar la financiación suficiente no solo desde el Estado, sino también desde las autonomías, para evitar desigualdades territoriales como que por nacer en una comunidad tengas de entrada 2.000 euros por alumno más que en otra». Su opinión es que «no es posible un pacto si no se garantiza esta financiación», pues sería «insuficiente» y «poco equitativo».

Si el PP y el Gobierno quieren aproximarse a las exigencias de la oposición tendrán que dar un giro al gasto educativo, que en la actualidad está sobre el 3,9% del PIB, el menor porcentaje de la última década, un punto por debajo de la media de la UE (4,9%) y muy lejos de la media de la OCDE (5,3%). De hecho, la evolución prevista por el Ejecutivo en su plan de estabilidad es justo la contraria, que el gasto educativo crezca menos que el PIB. El documento dice que en 2018 representaría el 3,8% del PIB; en 2019, el 3,7%; y en 2020, el 3,67%.

El gasto educativo en España alcanzó su máximo histórico en 2009, con un 5% del PIB y 53.375 millones. Con la llegada de la crisis comenzó su retroceso, que se aceleró con el decreto de recortes del PP de 2012. En 2014, en su momento más bajo, el gasto retrocedió 9.000 millones con respecto a 2009. A partir de 2015 inició una ligera mejora, pero en 2016 -pese a estar España ya en un PIB equivalente al del inicio de la crisis- solo se había recuperado un tercio del gasto educativo perdido desde 2009 y aproximadamente solo la mitad de la rebaja sufrida por este sector desde 2011.