Medio centenar de acusados acepta una multa por amañar el examen del carné de conducir

La Audiencia de Granada inicia el macrojuicio contra la trama que falsificaba las pruebas escritas previo pago de hasta 2.500 euros

YELENIA HUERTAS GRANADA.

Dice el Código Penal que son autores de un delito «quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento». Y en ese artículo es en el que la Fiscalía de Granada enmarca la actuación de 96 personas que aprobaron los test para obtener el carné de conducir en la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada durante 2012 y 2013, con la ayuda de un bolígrafo de tinta borrable y la intervención, presuntamente, de un vigilante de los exámenes. Ayer, durante la primera sesión del juicio de la denominada 'trama de los carnés' -uno de los más multitudinarios que se recuerdan en la crónica judicial reciente de Granada- 52 de esas personas aceptaron pagar una multa de 1.620 euros por aquella supuesta trampa que en un principio les permitió ponerse al volante de un turismo y que al final les ha conducido directos a un proceso penal.

Aunque el inicio de la vista estaba señalado a las 9:30 horas, comenzó con bastante retraso, pues hubo que pasar lista a la larga relación de acusados. También se tuvo que habilitar una sala especial para acoger la vista. En total, los acusados son 102, contando con el vigilante y otras tres personas acusadas de actuar como intermediarios para captar alumnos en otras ciudades y, supuestamente, cobrarles entre 1.500 y 2.500 euros a cambio del aprobado. Así, una vez ubicados los alrededor de 80 letrados que actúan como defensas, una funcionaria fue llamando a los acusados uno a uno. Hubo una decena de ausencias, siendo las más notables las de los dos futbolistas -exjugadores del Granada CF- Odion Ighalo y Diego Buonanotte.

El proceso comenzó con la intervención del fiscal del caso, Luis Salcedo Faura, que modificó su petición de condenas para esos 52 acusados. Inicialmente, el fiscal pedía para ellos dos años de cárcel y 3.000 euros de multa por su participación en un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular. Ayer, tras el acuerdo alcanzado con sus defensas antes del inicio de la vista, la pena se quedó en seis meses de multa con una cuota diaria de tres euros y seis meses de prisión sustituibles por multa de doce meses con una cuota diaria de tres euros. En resumen, todos ellos menos uno -a quien el fiscal dijo que no se le aplicaba la sustitución de la pena de prisón por la de multa- tendrán que pagar 1.620 euros.

Acuerdan con el fiscal el pago de 1.620 euros por un delito de falsedad en documento oficial

Quedaron excluidos los supuestos promotores de la trama: el vigilante, J. S.R., y los intermediarios. Los cuatro están acusados de un delito de falsedad continuada en documento oficial y otro de falsedad en documento oficial cometida por particular, y se enfrentan a penas de seis y cuatro años de prisión.

Entre los abogados de los acusados que aceptaron esa sanción, se encontraban los de los dos deportistas, que están representados por Ernesto Osuna (Buonanotte) y Pedro González Segura (Ighalo). El letrado de este último aseguró que su cliente no pagó por aprobar el teórico, que llegó a suspender, y dijo que aceptó la multa porque está concentrado con su selección de fútbol -Nigeria-. El letrado de Buonanotte se pronunció en la misma línea, para dejar claro que el acuerdo obedece a que no hay pena de cárcel y evita al futbolista trasladarse a España desde Chile, donde se encuentra.

Amaño de los test

En esta causa penal, el principal acusado es J. S. R., que era vigilante en las pruebas y quien custodiaba los exámenes en la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada. La Fiscalía cree que este hombre, durante los años 2012 y 2013, actuó «con la intención de procurarse un beneficio patrimonial ilícito mediante el cobro de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 2.500 euros a las personas que quería aprobar el examen teórico del permiso de circulación».

Así, supuestamente y según el fiscal, este acusado «aprovechando» que los miembros del tribunal se iban a tomar café tras la prueba, «procedía a corregir las preguntas del examen que previamente había marcado el examinando con un bolígrafo de tinta borrable», entregado antes a los aspirantes. Lo hacía, siempre según el auto de apertura de juicio, «borrando las respuestas erróneas y marcando el acusado las respuestas correctas para que así pudiera aprobar el examen».

Este vigilante actuó junto a los otros tres acusados, que eran los que captaban a los candidatos y les facilitaban el transporte hasta Granada.

 

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