El juez pide identificar a los que revelaron datos o vejaron a la víctima de La Manada

Rafael Catalá insiste en que el ataque a la joven en los Sanfermines del 2016 fue una violación y no un abuso

ALFONSO TORICES MADRID.

Un juez de Madrid ha ordenado a la Policía Nacional que identifique a quienes a través de foros, páginas web y redes sociales profirieron mensajes amenazantes y revelaron datos personales de la víctima de La Manada.

El instructor tomó la decisión en la causa abierta a raíz de la denuncia presentada el sábado por los abogados de la joven madrileña por delitos de amenazas y contra la intimidad. Se los atribuyen a las personas que le dedicaron amenazas, insultos y vejaciones, que desvelaron su nombre, apellidos y dirección, que publicaron su fotografía y que incluso llegaron a colgar imágenes de los vídeos de los abusos grabados por los miembros de La Manada.

Los especialistas de la Unidad de Ciberdelincuencia, que recopilan información sobre los posibles delitos desde la semana pasada, tienen también que comprobar que ya se han retirado todos los mensajes e imágenes de los foros, páginas y perfiles, para, en caso contrario, ordenarles hacerlo.

La revelación de datos personales se produjo después de que se supiese que el código de verificación que incluía en los márgenes la sentencia proporcionada por los tribunales navarros el 26 de abril a los periodistas -desprovista de cualquier dato sobre la víctima- permitió durante días acceder a la resolución original, a través de la web del Gobierno de Navarra, que sí que incluía la identidad de la joven. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación para esclarecer estos hechos y comprobar si hay que depurar responsabilidades.

El ministro de Justicia, por su parte, cree que el ataque contra la joven en un angosto portal de Pamplona fue una violación y no un abuso sexual como dictaminó la Audiencia Provincial de Navarra. Rafael Catalá lo dejó ayer muy claro en el pleno del Congreso con el ejemplo con el que defendió que la encerrona a la que los cinco acusados sometieron a la víctima es en sí misma un evidente acto de intimidación, justo el elemento que no apreció el tribunal y que impidió que diesen el salto en el fallo del abuso por prevalimiento a la violación.

«Estoy seguro de que si a una mujer cinco personas le roban un móvil nadie va a dudar de que ha habido una intimidación», señaló el ministro, para añadir que «creo que ningún delito sexual puede estar exento de esa consideración», en referencia al elemento intrínseco de coacción que tiene un ataque grupal. «Creo por lo tanto que coincido en su planteamiento», le contestó a la diputada de Podemos Irene Montero, que acababa de exigirle que tomase las medidas necesarias para que si una mujer no dice sí a la posibilidad de mantener relaciones sexuales los jueces deban considerar «todo lo demás» como violación.

Catalá, la víspera de que se reúna la comisión de expertos que estudiará reformas en los delitos contra la libertad sexual a raíz del escándalo de esta sentencia, insistió en que es necesario hacer cambios en el Código Penal para clarificar una tipificación que el propio Tribunal Supremo considera «farragosa y compleja», de forma que se eviten interpretaciones de la ley no deseadas como la de La Manada.

Pero sobre todo piensa que, para evitar casos similares, hay que extender la formación en perspectiva de género a todos los operadores judiciales, porque hay que cambiar «comportamientos» y «culturas». Dio a entender que el hecho de que el tribunal navarro no apreciase la intimidación que permitía condenar por violación «no es un tema de leyes». «Es un tema de cultura, de implantación de esa manera de entender las cosas y, por lo tanto, en eso hay que trabajar desde la formación», indicó. De hecho, admitió que sentencias como la de La Manada «ponen de manifiesto que nos queda mucho camino por delante».

Justo eso, el problema «estructural» de una justicia española sin perspectiva de género y con «falta de empatía» hacia las víctimas de violencia sexual, es lo que le echaron en cara PSOE y Unidos Podemos. Acusaron a Catalá de no haber hecho nada para cambiarlo. Montero, de hecho, le lanzó un ultimátum: «Rectifique usted, y si no, dimita».

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