El Gobierno recupera las cotizaciones para los cuidadores de dependientes

Carmen Montón, ayer, a su llegada a la Comisión de Sanidad del Congreso. :: efe/
Carmen Montón, ayer, a su llegada a la Comisión de Sanidad del Congreso. :: efe

Unos 180.000 familiares, sobre todo mujeres, se beneficiarán de esta medida que entrará en vigor en el último trimestre del año

DANIEL ROLDÁN MADRID.

El nuevo Gobierno pretende terminar con algunas de las medidas más polémicas aplicadas por el anterior Ejecutivo popular tras su victoria electoral del 2011. Una de estas decisiones fue el endurecimiento del acceso a las ayudas por la dependencia. Ayer, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se comprometió en el Congreso a que los cuidadores no profesionales de los dependientes, en su mayoría mujeres familiares, vuelvan a cotizar con cargo al presupuesto público en la Seguridad Social. Un cambio que se producirá en el último trimestre del año. «El 90% de las cuidadoras familiares no profesionales son mujeres y han sido ellas las principales perjudicadas por esas medidas», recalcó la ministra, que cifró en unos 180.000 los cuidadores que se van a ver beneficiados por esta decisión. Además, indicó que en los Presupuestos de 2019 y 2020 se atenderá «de manera prioritaria» a la recuperación de la financiación del nivel mínimo de dependencia fijado con anterioridad al recorte del PP en 2012.

Será, expuso Montón, una de las seis medidas que responden a la «filosofía de recuperación de derechos, rescate de personas y transformación del sistema sanitario y social» y a la eliminación de los dos polémicos reales decretos aprobados por el primer Ejecutivo de Rajoy. El primero, el 16/2012, acababa con la universalización de la sanidad en España, una decisión que el actual Ejecutivo revocará en las próximas semanas porque es necesario «desligar la cobertura del concepto de asegurado y vincularla a la condición de ciudadanía o de residencia». Afectará a más de 280.000 personas, aunque, como recordó el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, «16 comunidades autónomas ya estaban atendiendo a todas las personas».

En su comparecencia, también reiteró el anuncio que hizo nada más tomar posesión: eliminar los copagos farmacéuticos. Será «durante esta legislatura» y los primeros beneficiarios serán los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad. Los pensionistas que cobran al año menos de 18.000 euros pagan un copago mensual máximo de 8,26 euros por sus medicinas. «Expertos en economía de la salud han recordado que el copago sanitario cargó sobre las familias gastos sanitarios públicos sin disuadir del consumo y ha contribuido a elevar las desigualdades», argumentó la ministra. «Aumentar la adherencia a los tratamientos es invertir en salud, significa reducir descompensaciones en las enfermedades y, por tanto, mejorar la salud de las personas», añadió Montón. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ya alertó que la eliminación del copago supondría un gasto de 400 millones más para las comunidades autónomas.

Protección a la infancia

La ministra prometió una estrategia de apoyo a las familias vulnerables, con especial atención a la infancia. En este apartado Montón explicó que se ha acordado con la Alta Comisionada contra la Pobreza un plan de choque destinado a los menores con más necesidades y que contará con cinco millones de presupuesto. También con respecto a los menores, Montón prometió remitir al Congreso en el primer periodo de sesiones de 2019 el proyecto de ley contra la violencia en la infancia. Este nuevo marco regulador priorizará la promoción del buen trato a los niños y adolescentes, la sensibilización, prevención, detección e intervención frente a la violencia en cualquiera de sus formas y los medios «para evitar que se silencien estas situaciones». La ministra de Sanidad recalcó que la primera consulta pública de esta ley se realizará en un mes.

El ministerio también dará luz verde al reglamento de adopción internacional, en el que se hará un listado único -ahora cada comunidad va por libre- y un solo procedimiento de ámbito nacional para la acreditación, control y seguimiento de los órganos de intermediación.

El último eje del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es una nueva estrategia de salud mental que «consolide el modelo de atención comunitaria y esté orientada a la recuperación y la inclusión social», con especial atención a los suicidios. Montón recordó que, en 2016, 3.569 personas decidieron quitarse la vida en España de forma voluntaria. «Son diez personas al día, el doble de muertes que los accidentes de tráfico», recalcó la ministra, que recordó que tres de cada cuatro finados son hombres y que la población entre los 40 y los 59 años es la más afectada.

«El suicidio es la principal causa de muerte prevenible y, aunque el riesgo aumenta con la edad, es la primera causa de muerte entre la población entre 15 y 34 años», añadió Montón, que apuntó que hablar del suicidio rompe tabúes, ayuda a prevenirlo y termina con el estigma de los supervivientes. Un pacto para el VIH y otro sobre el Alzheimer fueron otras de las promesas.

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