El Gobierno garantizará la reproducción asistida a lesbianas y mujeres solas

A. T.

madrid. El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, acordó garantizar en todo el territorio español el derecho de las lesbianas y las mujeres sin pareja a recibir de forma gratuita y sin cortapisas tratamientos de reproducción asistida en la red sanitaria pública.

El acuerdo revierte una orden del Gobierno del PP, que, en 2013, excluyó a las lesbianas y a las mujeres solas de la inseminación artificial o de la fecundación in vitro en los hospitales públicos al limitar esta prestación a las parejas integradas por un hombre y una mujer con un problema de esterilidad.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que el Ministerio de Sanidad va a aprobar una orden, que será efectiva en el primer trimestre de 2019, por la que los tratamientos de reproducción asistida para estos colectivos volverán a estar incluidos en la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud, lo que asegura financiación y cobertura en todas las autonomías.

El Consejo de Ministros anunció la recuperación del derecho dentro de un paquete de medidas que el Gobierno va a tomar coincidiendo con la semana de celebración mundial del Orgullo LGTBI. Entre ellas está la declaración del 28 de junio como día nacional del Orgullo -coincidiendo con la fecha de la conmemoración internacional- y la creación de una dirección general de Igualdad de Trato y Diversidad dentro del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La iniciativa del Gobierno socialista es sobre todo simbólica, pues son mayoría las autonomías que pese la orden restrictiva aprobada en 2013 por la ministra popular Ana Mato nunca llegaron a sacar a estos colectivos de los tratamientos públicos de reproducción asistida o, en su caso, los volvieron a incluir años después.

Se trata, como explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en rueda de prensa, de la recuperación de un derecho, pero también del compromiso del Estado de financiar unos procedimientos sanitarios que hasta ahora las autonomías que no los quitaron de su cartera regional de servicios tenían que pagar con sus propios recursos.

La medida, no obstante, también tendrá consecuencias prácticas directas, pues dos comunidades autónomas, la Región de Murcia y el Principado de Asturias, no ofertaban estos tratamientos para estos colectivos en sus centros sanitarios públicos. Lo mismo ocurre en las ciudades de Ceuta y Melilla.

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